En el presente mes se ha visto una controversia entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la fiscal general Luz Adriana Camargo -elegida de una terna que el mandatario presentó al Congreso de la República- en relación con el levantamiento de las órdenes de captura de 29 miembros del Clan del Golfo que solicita la Oficina del Alto Comisionado de Paz en el marco de la propuesta de Paz Total que abarca a todos los grupos armados ilegales.
La fiscal se ha negado con el argumento, basado en las atribuciones que le da la Constitución Polí- tica, de que aún no se ha hecho la verificación de quienes entre ellos están pedidos en extradición, ni se ha comprobado quienes, entre los posibles beneficiarios, pertenecen realmente a esa organización. También exige la devolución de menores reclutados y la suspensión de actividades contrarias a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), los avances hacia el desarme del grupo y el desmonte de sus rentas criminales. Esto está lejos de ser un simple incidente. A escasas semanas de que se realicen las elecciones presidenciales (la primera vuelta el 31 de mayo y, si es necesario porque ninguno de los candidatos alcance
el 50.1% de la votación, la segunda vuelta el 21 de junio próximo) movilizar 400 miembros de esa organización, que el presidente mismo ha calificado como narcotraficante, hacia zonas especiales de concentración para su desmovilización es, por decir lo menos, riesgoso. Este desencuentro sacó además a la luz pública un problema grave de descoordinación en el alto Gobierno, pues el presidente dijo que su Oficina de Paz, precisamente la encargada de manejar su principal apuesta de Gobierno, no le consultó la lista de posibles beneficiarios de estas gabelas y que no sabía si entre ellos figuraban extraditables ni si incluía al cabecilla del Clan. Esa afirmación del presidente pareciera justificar los temores de la Fiscalía.
Hay una larga experiencia en Colombia sobre concentraciones de grupos en vías de desmovilización que justifica las alarmas que prende la Fiscalía sobre esta supuesta concentración de hombres armados que prometen su desmovilización. Cuando se adelantaba el proceso con los paramilitares, estos se concentraron en Santa Fe de Ralito y luego se comprobó que allí seguían delinquiendo. Igual ocurrió con las FARC cuando se concentraron en San Vicente del Caguán, como preámbulo a su desmovilización, donde continuaron cometiendo los mismos delitos que se habían comprometido a abandonar.
Por eso, cuando se hizo el proceso que desmovilizó finalmente a las FARC en el 2016, primero el Ejército les dio golpes significativos que disminuyeron su poder, se hizo la concentración efectiva, verificable de que era sin armas, hubo acompañamiento y verificación de organismos internacionales, incluida Naciones Unidas, se estipuló un sistema de justicia transicional para juzgarlos que fue avalado por la Corte Penal Internacional (CPI) y finalmente se les concedió la libertad bajo el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El Clan del Golfo es también conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño, Ejército Gaitanista de Colombia o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y surgió de la desmovilización de los paramilitares entre el 2003 y el 2006, y todavía no hemos conocido hechos de paz de su parte. De ahí se derivan los temores de la Fiscalía.
La Fiscalía es un organismo de control independiente de la presidencia de la República. Tal como ordena la Constitución y ha ratificado la Corte Constitucional, ella y los demás organismos de control -como la Procuraduría General de la Nación-, deben coordinar sus actividades con el Poder Ejecutivo para actuar armó- nicamente, pero no están sujetas al poder presidencial. El fiscal es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de una terna que envía el presidente de la República.
El presidente comete entonces una equivocación al considerar que, como primer mandatario, es su superior jerárquico, puesto que estos organismos corresponden al dise- ño de pesos y contrapesos que dan sentido a la organización democrática del país. Por eso también se equivocó cuando, en un enfrentamiento con el fiscal anterior, dijo que él era su jefe. Las elecciones libres, la rendición de cuentas, ese sistema de pesos y contrapesos, y la existencia de organismos estatales independientes, como la Junta Directiva del Banco de la República, configuran nuestro estado social de derecho que es social puesto que tiene como fin el bienestar de sus ciudadanos según la carta de derechos que consagra la Constitución
Es comprensible la frustración del presidente porque la Paz Total es la política bandera de su Gobierno. Su origen como militante en una organización de izquierda (el M19) lo llevó a pensar que se daría automáticamente una corriente de afinidad con las organizaciones armadas que las llevaría a sumarse a su política de paz. Estaba tan seguro de eso que desde antes de posesionarse dijo que en 15 días el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desmovilizaría. Ello no ha ocurrido y los canales con esa organización, que él ha calificado como narcotraficante, están completamente rotos en este momento.
Todavía hay alguna esperanza con grupos del Sur del país que parecen estar caminando seriamente hacia su desmovilización. Ojalá, por el bien del país, eso sea cierto. Pero siempre hay que considerar que las prisas en estos casos no hacen más seguro ni más rápido el éxito
