LA DESIGNACIÓN DE Carlos Valenzuela González como delegado político del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Yucatán llega en un momento que difícilmente puede calificarse como fortuito.
El nombramiento ocurre justo cuando el exalcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, enfrenta una de las controversias más incómodas y desgastantes de su trayectoria reciente, derivada de la inversión multimillonaria realizada en Coral Gables, Florida, asunto que ha provocado cuestionamientos públicos y obligado al excandidato a gobernador a desplegar una intensa estrategia de control de daños mediante entrevistas, apariciones públicas y espacios digitales para tratar de justifi car lo ocurrido.
Lo de Coral Gables dejó hace tiempo de ser una conversación confi nada al círculo rojo para convertirse en tema de discusión entre amplios sectores de la sociedad yucateca. Nos confi rman, como anticipamos en esta columna, que el problema ya no radica únicamente en la operación fi nanciera o inmobiliaria, sino en el impacto político y la percepción pública que genera.
Históricamente, la discreción patrimonial fue una característica distintiva de los principales liderazgos del panismo yucateco. Ni exgobernadores ni excandidatos surgidos de ese partido se caracterizaron por exhibir públicamente signos de riqueza, por lo que este episodio ha provocado inevitables comparaciones dentro y fuera de Acción Nacional.
En medio de ese escenario, la dirigencia estatal encabezada por Álvaro Cetina Puerto optó por una ruta que sorprendió incluso a militantes experimentados. Lejos de asumir una defensa institucional del exalcalde, Cetina marcó distancia desde el primer momento. Frases como “él tendrá que salir a explicar” y “no estamos para cubrir a nadie” dejaron claro que el partido no estaba dispuesto a cargar costos ajenos. Un deslinde poco habitual en una cultura política donde tradicionalmente se cierran fi las aun cuando las explicaciones brillan por su ausencia.
Nos cuentan que la visita de la senadora Michel González Márquez, secretaria general del PAN nacional, añadió una lectura todavía más relevante. No se trató de una dirigente cualquiera. La número dos de la estructura nacional panista no suele desplazarse para actos protocolarios ni visitas de cortesía. Su presencia elevó automáticamente el peso político del nombramiento.
Y es que, según los conocedores de la grilla blanquiazul, Carlos Valenzuela no es un actor secundario dentro del panismo nacional. Considerado uno de los hombres más cercanos al dirigente Jorge Romero Herrera, fue vicecoordinador de la bancada que éste encabezó en la Cámara de Diputados.
Su llegada formaliza la representación política del Comité Ejecutivo Nacional en Yucatán y fortalece los canales directos entre la dirigencia nacional y la estructura local. Pero, sobre todo, rompe la percepción de quienes durante años dieron por hecho que Renán Barrera mantenía una interlocución privilegiada e incuestionable con las cúpulas nacionales. Bajo esa lógica, la designación de un representante político directamente vinculado al presidente nacional envía un mensaje imposible de ignorar sobre quién será, a partir de ahora, el conducto institucional entre el PAN Yucatán y la dirigencia nacional.
SE ASOMAN CAMBIOS en Servicios Públicos Municipales. Después de los incidentes del famoso trenecito, la responsable de ese zoológico, Odeysi Mora Camacho, será removida de sus funciones para ser enviada a otra área sin mayor relevancia. En su lugar llegará Luis Llanes, quien hasta ahora estaba al frente de Animaya.
Lo que muchos se preguntan es si en el Ayuntamiento de Mérida se ha instalado la política de las dos pesas y dos medidas. Porque el mensaje parece claro: pórtate mal y terminarás recompensado. Esa percepción comienza a extenderse entre trabajadores y observadores de la administración municipal.
¿O acaso no ocurrió algo similar con la familia Collí? Ahí están los casos del regidor Juan de Dios Collí, de su padre Juan de Dios Collí Más y de su hermana Daysi Collí. En lugar de consecuencias políticas visibles, pareciera que los acomodos terminan imponiéndose sobre la rendición de cuentas.
EN EL CENTRO de Convenciones Siglo XXI el problema de las inundaciones ya dejó de ser una molestia para convertirse en un auténtico escándalo.
Las lluvias recientes exhibieron nuevamente fi ltraciones en los salones de eventos. Durante graduaciones de escuelas privadas, el agua cayó literalmente en cascada dentro de las instalaciones, provocando molestia entre organizadores que incluso se negaron a liquidar el saldo pendiente de sus contratos.
Pero el problema no terminó ahí. Días después, artesanos que participaban en una exposición también sufrieron afectaciones cuando el agua dañó parte de sus productos.
Lo verdaderamente llamativo es que durante las administraciones de Clemente Escalante Alcocer y David Escalante Lombardi se destinaron más de cuatro millones de pesos a trabajos de remodelación, impermeabilización y albañilería. Frente a las constantes fi ltraciones, la pregunta resulta inevitable: ¿las obras se realizaron correctamente o simplemente existen en los informes administrativos? Porque el agua parece empeñada en desmentir los reportes oficiales.
EL ESCÁNDALO NACIONAL que envuelve a la Conade también alcanzó a Yucatán. Medios nacionales publicaron información en la que aparecen, entre los presuntos aviadores señalados, personas vinculadas con el director del Imdut, Irak Green, así como personajes cercanos al senador Rolando Zapata Bello que actualmente forman parte de la estructura encabezada por Rommel Pacheco.
El asunto cobra relevancia porque la promesa de limpieza administrativa y combate a viejas prácticas pierde fuerza cuando comienzan a surgir nombres ligados a grupos políticos perfectamente identifi cables. La duda ya está sembrada y difícilmente desaparecerá con simples desmentidos
SE SUPO DE una reunión entre David Lago Ancona, propietario del recién ascendido Deportiva Venados de la Liga de Expansión, y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. El objetivo habría sido exponer lo que considera un trato abiertamente desigual por parte de algunos sectores del área deportiva del gobierno estatal.
Según la versión planteada en ese encuentro, funcionarios del área deportiva se habrían alineado con los propietarios de Venados de Yucatán para impedir que Deportiva Venados utilice el estadio Carlos Iturralde como sede de sus encuentros.
La acusación es seria: orillar al nuevo club a vender la franquicia o abandonar la plaza para poder competir. Si esa percepción tiene sustento, estaríamos frente a una práctica que poco tiene que ver con el impulso al deporte y mucho con la protección de intereses particulares.
La reunión, al parecer, produjo efectos inmediatos. Posteriormente, Jorge Carlos Ramírez Marín realizó declaraciones públicas sobre el confl icto. Trascendió que esa postura provocó un profundo malestar entre los propietarios de Venados de Yucatán, quienes hasta hace poco lo consideraban un aliado político. En el fútbol, como en la política, las lealtades suelen durar exactamente hasta que aparecen los intereses en disputa.
EL ÚNICO COMITÉ estatal de Morena que no apareció fi rmando el pronunciamiento nacional en el que se denunciaba la presunta compra de votos y el intervencionismo del PRI en la elección de Coahuila fue el de Yucatán. La ausencia no pasó desapercibida y de inmediato detonó especulaciones sobre un posible desacuerdo con la dirigencia nacional o una decisión política de mantenerse al margen de un tema que el resto del partido asumió como prioritario.
Sin embargo, trascendió que la explicación sería mucho más simple, aunque no necesariamente menos preocupante. Según pudimos averiguar, el único dirigente que no pudo ser localizado al momento de recabar las fi rmas fue el presidente estatal de Morena, Carlos Bojórquez Urzaiz, quien simplemente se encontraba inubicable. Cuando fi nalmente tuvo conocimiento del documento manifestó su disposición para fi rmarlo, pero para entonces el pronunciamiento ya circulaba ampliamente en redes sociales y medios digitales.
La anécdota deja una interrogante incómoda para la dirigencia local: si Morena gobierna el país y concentra buena parte de la atención política nacional, resulta difícil explicar cómo el presidente estatal de un partido en el poder puede quedar fuera de un posicionamiento nacional por un problema de localización. Más que una diferencia política, el episodio exhibe problemas de coordinación y operación interna que difícilmente pasan inadvertidos.
TRASCENDIÓ EN LOS círculos políticos de Yucatán que el exdiputado federal Mario Peraza mantiene una intensa operación política en diversos municipios, particularmente en áreas relacionadas con los catastros municipales de ayuntamientos como Progreso y Valladolid. Las versiones que circulan entre actores políticos y administrativos apuntan a una infl uencia creciente que estaría provocando inconformidad en distintos sectores debido a decisiones y movimientos que consideran contrarios al adecuado funcionamiento de estas dependencias.
No son pocos los que observan con preocupación la capacidad de maniobra que conserva el exlegislador en espacios donde, en teoría, deberían prevalecer criterios técnicos y administrativos por encima de intereses políticos o personales. Las inconformidades, nos dicen, no son aisladas y comienzan a acumularse entre quienes consideran que ciertas decisiones responden más a cuotas de poder que a la efi ciencia institucional.
Cabe recordar que Mario Peraza ha transitado por distintas fuerzas políticas a lo largo de su trayectoria pública, una habilidad que le ha permitido mantenerse vigente independientemente de los cambios de gobierno o de color partidista. Sus críticos sostienen que esa capacidad de adaptación ha benefi ciado principalmente a su propio proyecto político, mientras que los resultados para las instituciones donde ha tenido infl uencia continúan siendo motivo de cuestionamiento.
En Yucatán, como en el resto del país, las formas cuentan, pero los mensajes cuentan más.
