El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella (ADLE) anunció que denunciará al presidente de la República, Gustavo Petro, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por traición a la Patria, basado fundamentalmente en lo que considera fracaso de su política de Paz Total.
Lo hizo en el mismo discurso en que se refi rió al expresidente Juan Manuel Santos como Tartufo, lo trató de bandido, condenó su acuerdo de paz y amenazó con acabar la Comisión de Justicia y Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional que nació de él, que hace parte de la Constitución y que ha sido avalado por la Corte Penal Internacional y en general por el sistema internacional de los Derechos Humanos del cual ha prometido sacar a Colombia, así como retirarla de la ONU. Esto, después de que apenas cinco días antes, en el discurso de aceptación de su triunfo, dijo que en su presidencia no habría vencedores ni vencidos, que no perseguiría a nadie por su posición política y gobernaría para todo el país.
ADLE ganó por menos de un punto porcentual a su contendor, el senador Iván Cepeda, lo cual no invalida su victoria, pero sí lo obliga a ser prudente y considerar que medio país lo rechazó y está comprometido con unas ideas políticas diametralmente opuestas a las suyas. Colombia quedó partida por la mitad. El país de los nadie que llamaba Cepeda, las costas sobre los océanos Atlántico y Pacífi co, el país de la periferia, el de las poblaciones mayoritariamente indígenas y de las negritudes, de las grandes extensiones menos desarrolladas del Sur, la Amazonía y la Orinoquía -con excepción del Catatumbo limítrofe con Venezuela- votó por Cepeda.
Los nombres que han ido apareciendo como posibles integrantes del próximo Gobierno, lejos de pertenecer al universo de los nunca, como había prometido, son curtidos personajes de un sistema político viciado, lo cual ha ido dibujando un nuevo Gobierno, distante de las promesas de campaña y del primer discurso de ADLE. Debe considerar además el nuevo presidente que el aún presidente en ejercicio es un tribuno que se crece en la plaza pública, donde ha sabido defenderse con la palabra como su única arma y con ella ha triunfado, como cuando el entonces Procurador General lo destituyó como alcalde de Bogotá y logró su restitución.
La política de Paz Total de Gustavo Petro merece muchas críticas y en este momento han surgido posibles irregularidades, incluso graves, en su manejo y es posible que el hueco fiscal sea mayor al que el Gobierno ha aceptado, pero eso está lejos de conformar el crimen de traición a la Patria. Deja la moneda nacional fortalecida, importante reducción de la pobreza y la desigualdad, entrega de tierras en su política de Reforma Agraria, pago para practicantes, como los médicos que inician sus carreras, aumento importante del salario mínimo y creación de subsidios para la población más pobre y desprotegida. Y, por encima de todo eso, ha dejado implantada la idea de la justicia social y la reivindicación de una Colombia que no es la que aparece en la superficie, pero que está ahí y tiene derecho a la palabra y a hacerse sentir.
ADLE ha proclamado que entrará al Escudo de las Américas conformado por los presidentes derechistas de la región, pero en el Congreso de Estados Unidos ha encontrado una fuerte oposición. Tres congresistas demócratas (Chuy García, Ocasio Cortés y Greg Cazar) han presentado propuestas para regular la ayuda de EE.UU. y cuestionan posibles nexos del nuevo presidente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), que su país catalogó en el 2001 como organización terrorista y su presunta implicación en lavado de dinero de ellas en Estados Unidos; consideran que su país debe continuar apoyando el acuerdo de paz entre Juan Manuel Santos y las FARC, porque su riesgo pone en peligro la seguridad de Estados Unidos y de Colombia, y piden investigar violaciones a los derechos humanos en Colombia e investigar si la asistencia de ese país contribuyó en ello.
Para los legisladores demócratas la mano dura anunciada por ADLE, sumada a su desprecio por el Derecho Internacional Humanitario, obliga a Estados Unidos a convertirse en una talanquera. Ya antes, congresistas demócratas habían enviado una petición para que Estados Unidos cesara su intervención en las elecciones colombianas, pedían investigar el origen de la fortuna de ADLE y su vinculación con Alex Saab, principal testaferro de Nicolás Maduro. En este momento surge la pregunta: ¿cuál será el nuevo presidente de Colombia: el que prometió que en su presidencia no habría vencedores ni vencidos, que no habría persecución a sus opositores, o el que había prometido destripar a la izquierda?
