PRONTO SE LE acabaron las ganas de cámara a Jaime Manrique Manzanero, dirigente de La Concordia. El mismo que nunca faltaba a una foto para hablar de comerciantes, protestas o juguetes, ahora se hace el desentendido frente a los señalamientos por presuntos cobros semanales a vendedores de Ciudad Caucel. Medios locales confirman que ni siquiera contesta las llamadas.
El asunto escaló después de que el diputado Bayardo Ojeda Marrufo recogió testimonios de comerciantes que acusan a personas ligadas con La Concordia o “Sindicato Concordia” de exigir cuotas semanales a cambio de dejarlos trabajar en la vía pública –y de castigar con reportes y presiones a quien no paga–. Entre los casos está el de una vendedora de hamburguesas de Ciudad Caucel que perdió mobiliario, mercancía e insumos por no cubrir la cuota.
Y no es la primera vez: ya en marzo del 2021 hubo señalamientos casi idénticos contra Manrique y su agrupación, aunque entonces se quedaron en testimonios periodísticos sin traducirse en responsabilidad penal acreditada.
Esta vez el tema ya no es chisme de café: hay denuncia ante la Fiscalía, y la Policía Estatal de Investigación indaga un posible esquema de extorsión y cobro de piso, registrado bajo el expediente UNAT/4849/2026/D/UNATD. Así que, más que jugar al Padrino de barrio, a Manrique le toca algo mucho menos cinematográfi co: explicar en público qué son esas cuotas, quién las cobra, con qué facultad y qué relación guarda La Concordia con los señalados.
EN TEMAX YA hay quien lo compara, no sin sorna, con Don Corleone: Ángel Antonio González Escalante, “Don Tony”, alcalde panista con licencia indefi nida que, mientras finge estar apartado de la Presidencia Municipal, sigue jugando en una cancha mucho más lucrativa: los negocios eléctricos. El Instituto Tecnológico de Mérida lo presentó hace poco, sin disimulo, como vicepresidente y director general de SISTINDACEMA TMX, empresa con fuerte presencia en el sector energético. Según información publicada por medios digitales, SISTINDACEMA participa en proyectos eléctricos que suman más de 4 mil 900 millones de pesos y mantiene obras millonarias de CFE fuera de plazo.
Documentos de la propia Comisión la registran como contratista en proyectos eléctricos y trabajos de subestaciones. Pero lo que realmente incomoda en Temax es otra cosa: ejecutivos de telecomunicaciones le atribuyen a González Escalante control informal sobre los permisos municipales, y aseguran haber enfrentado solicitudes de “colaboraciones” para destrabar autorizaciones de antenas celulares. Las versiones coinciden: en ese Ayuntamiento, desde una instalación telefónica hasta el permiso comercial más pequeño no avanza sin el visto bueno del grupo político del alcalde con licencia.
Porque aunque Jesús Enrique Kú Cimé fi rma como presidente municipal interino –incluso estados fi nancieros–, en Temax nadie se engaña: el centro de decisión real sigue fuera del Palacio Municipal. González Escalante pidió licencia indefi nida a principios del 2025 y hoy la documentación ofi cial lo mantiene fuera del cargo, aunque no del poder. Y para redondear el personaje: quienes coinciden con “Don Tony” en cafés de Mérida cuentan que presume pasar cada vez más tiempo en la capital y se permite una comparación todavía más reveladora, atribuyéndose el papel del protagonista de La Ley de Herodes en Temax. Bravata, humor o leyenda de café, la frase es políticamente explosiva por lo que delata sobre cómo entiende el poder que ejerce a control remoto desde Mérida, donde –según se rumora– ya prepara a un sobrino para competir por la alcaldía, no con el PAN, sino con Morena.
LA ASEY, QUE dirige Rubén Arjona, cojea de una pata: detecta irregularidades, cuantifica montos y presenta denuncias, pero nadie sabe qué pasa después en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El propio informe ofi cial de la Auditoría, con corte al primer trimestre del 2026, exhibe expedientes municipales condenados a la nada: unos siguen “en investigación”, otros fueron archivados temporalmente, otros terminaron en no ejercicio de la acción penal y solo unos cuantos llegaron ante un juez.
Ahí está Maxcanú, con $7.7 millones investigados de la cuenta del 2023 y otros $5.4 millones del 2022; Telchac Puerto, con denuncias por obras cobradas y jamás ejecutadas por $714 mil y poco más de un millón; y Sudzal, con $1,035 millones por una presunta contratación ilegal de deuda pública. Todos, “en investigación” según la ASEY, es decir, en el limbo. El contraste lo pone Motul, donde cuatro denuncias por obra fantasma que suman $4.2 millones sí llegaron ante jueces de control.
En Peto, en cambio, un expediente de $8.8 millones se esfumó en archivo temporal. Y ahora se suma Temax, con una denuncia de $4 millones 338 mil 605 pesos por pagos de energía eléctrica que nadie pudo acreditar, todavía bajo investigación. A Rubén Arjona ya no hay que preguntarle cuántas observaciones presume en su informe anual, sino cuántas denuncias terminan realmente en una sentencia y cuántas se pudren años en una carpeta.
Los alcaldes ya perdieron el miedo a las auditorías: fiscalizar de poco sirve cuando el ciudadano sólo alcanza a leer, una y otra vez, las mismas tres frases de siempre: “investigación en curso”, “archivo temporal” o “no ejercicio de la acción penal”. ¿Correrán la misma suerte los “amigos de Renán”?
DE LO QUE poco se habló fue de la ceremonia del Grito de Independencia en Palacio de Gobierno, el 15 de septiembre. Pasarela política de rigor, convocada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, pero con una logística que, otra vez, dejó mucho que desear. Sin comité de bienvenida, con listas incompletas para saber quién acompañaba al Gobernador en el palco del Salón de la Historia, y con representantes de cámaras empresariales visiblemente incómodos ante el caos organizativo –hubo incluso gestos de grosería que varios funcionarios reprocharon al salir–.
“Lamentablemente esto no lo sabe el Gobernador; si lo supiera estaría sumamente molesto con su equipo de protocolo”, aseguran asistentes indignados. “Actúan con la soberbia de secretarios de Estado que no son, todo lo contrario a la humildad que proyecta Huacho”, remataron.
MUY, PERO MUY molestos andan varios aspirantes al Sexto Distrito Federal. La queja ya llegó al presidente de Morena, que respondió, sin más, que él no decide nada al respecto –una salida elegante para no meter las manos–. Ahora la inconformidad busca subir de nivel hasta el Gobernador. ¿Los enojados? Jessica Saidén, Samuel Lizama, Estefanía Baeza y, según cuentan, hasta Rogerio Castro. ¿El motivo? La inesperada irrupción de Raúl Paz entre quienes buscan la candidatura.
El problema no es que aspire –aspirar puede cualquiera–, sino cómo lo hace: buena parte del oriente de Mérida, justo dentro del distrito, amaneció inundada de propaganda y panfl etos con su imagen, en plena carrera hacia la encuesta. Eso sí caló hondo entre los demás contendientes, que sienten que la cancha ya no es pareja. El asunto dejó atrás las quejas de pasillo: se estaría valorando frenar esa promoción y, de ser necesario, llevar el tema directo al INE.
SE DICE, SE rumora y se comenta –con razón– que el silencio del senador Jorge Carlos Ramírez Marín durante la plenaria fue ensordecedor: ni una palabra en toda la reunión. Y quienes conocen el paño aseguran que ese mutismo no fue casualidad, sino cálculo. Arturo Escobar, al parecer, prefi ere tenerlo lejos. ¿Distancia política o el primer aviso de lo que viene?
LA POSIBLE CANDIDATURA de Hiselle Díaz en Conkal trae mucho más ruido del que algunos quisieran admitir. En los corrillos políticos del municipio corre con fuerza la versión de que detrás de su eventual candidatura están, nada menos, Rolando Zapata y Gaspar Quintal, que mantendrían comunicación con ella pese al distanciamiento público que ha marcado respecto del PRI.
Pero el verdadero problema no está afuera: está dentro de Morena. Estas versiones ya llegaron a la militancia morenista de Conkal y cayeron como piedra en el zapato. Algunos integrantes de las bases advierten que, si desde arriba pretenden imponer a Hiselle como candidata, esta vez sí habrá desbandada.
TAMBIÉN CUENTAN QUE Rolando Zapata y Gaspar Quintal valoraron sacar una declaración desde el Comité Directivo Estatal del PRI para responder a los señalamientos que la exalcaldesa de Mérida, Angélica Araujo, ha hecho en distintos medios contra el partido. Según priistas, Araujo ha sido especialmente crítica al considerar que el PRI representa hoy una de las peores vías para competir electoralmente, dado el desprestigio que arrastra.
La respuesta priista, sin embargo, nunca llegó. ¿La razón? Al sopesar las consecuencias, Gaspar Quintal habría preferido no entrar al choque –detalle nada menor si se recuerda que fue pieza clave de la administración municipal que encabezó, precisamente, Angélica Araujo.
Tanto entre empresarios como entre políticos… Todo es personal.
