Por María Luisa Vázquez
Como hace 10 años, usando artimañas legales, los directivos de las cuatro empresas concesionarias de transporte público -Autocar, Turicun, Maya Caribe y Cooperativa Bonfil- se quedarán por otra década, prestando un mal servicio en unidades que distan mucho de un Cancún “de clase mundial”.
La concesión del transporte público en ruta establecida en Benito Juárez, las cuatro empresas la obtuvieron desde 1998, siendo Rafael Lara Lara, el presidente municipal, en cuyo reglamento se permite que al cabo de los 10 años, las empresas están en posibilidad de solicitar una prórroga por otros 10 años, lo que hicieron en 2008, siendo Gregorio Sánchez, presidente municipal de Benito Juárez.
A unas semanas de que Sánchez asumiera el cargo, el entonces alcalde, Francisco Alor se dijo en contra del servicio, sin embargo, Gregorio Sánchez se alió con los empresarios del transporte público, y en aquella ocasión se concibió un plan de movilidad, y a la par el llamado concepto de Movibus, que consistía en reunir a las cuatro empresas y operar bajo un mismo esquema.
Sin embargo, fue una idea de aquel trienio que con el paso de los años se disolvió, y el problema regresó a las calles, y otra vez con la complacencia de la autoridad municipal en turno, que fue en el gobierno de Julián Ricalde.
El entonces alcalde, con su grupo de regidores, entró en controversia con los transportistas, ya que de buenas a primeras aumentaron el costo del pasaje, previo amparo ante un juzgado federal, pero Ricalde apeló a la instancia federal, y hasta puso en servicio algunos camiones en el intento de amenaza de las empresas de paralizar el servicio.
Sin embargo, con el paso de los días las empresas llegaron a un acuerdo, y a unos días de terminar el gobierno, se les aprobó un aumento al pasaje, y similar esquema ocurrió en el gobierno de Paul Carrillo.
Con Remberto Estrada la historia se repitió, aunque curiosamente el alcalde no estuvo a favor de la aprobación del Cabildo, que en este caso no fue aumento al pasaje sino una segunda prórroga por otros 10 años, lo que le costó el cargo a Francisco Amaro, entonces director de Transporte.
Con la llegada de Mara Lezama, otra vez la misma historia, ya que el nuevo gobierno permitió que los empresarios ganen tiempo y se amparen contra la resolución del Congreso del Estado, que no avaló la prórroga de concesión, por otros 10 años, dada por el gobierno anterior.
Las empresas tan campantes, siguen operando el servicio de transporte en la ciudad, distribuidas en 100 rutas con mil 100 unidades, de baja calidad y deficiente, a pesar del daño a unos 400 mil usuarios que todos los días se movilizan en sus unidades.