Cerca de 50 mil de poco más de 200 mil derechohabientes con problemas en sus créditos, en la entidad, lograron una reestructuración, el resto continúa atrapado en adeudos inflados.
Según el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) la situación de los afectados quedará solucionada antes de que concluya el 2025.
Durante años, miles de trabajadores en Quintana Roo han enfrentado una paradoja: pagar puntualmente su financiamiento de vivienda y, aun así, observar cómo el monto pendiente aumentaba sin control. Hoy, el Instituto reconoció oficialmente la magnitud del conflicto.
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El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, admitió en entrevista que, al asumir el cargo en septiembre del año pasado, encontraron un sistema colapsado: de seis millones de préstamos vigentes en el país, cinco eran prácticamente incobrables.
Señaló que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se puso en marcha un programa de reestructuración masiva que contempla quitas de hasta un millón o millón y medio de pesos en obligaciones artificialmente incrementadas.
Uno de los casos que ejemplificó la situación es el de Luisa Calderón, quien hace 21 años obtuvo un financiamiento de 165 mil pesos. Hoy, pese a haber cumplido con los pagos durante dos décadas, su saldo supera los 300 mil.
Según le informaron en su momento en el Infonavit, cuando el país era gobernado por el PRI, “ni siquiera había cubierto los intereses”, motivo por el que la deuda continuó creciendo.
Un argumento que ahora queda en entredicho, frente al reciente reconocimiento oficial de que los créditos estaban mal diseñados desde el origen.
A esta irregularidad se suma otra aún más grave: muchas empresas registraron a sus empleados con salario mínimo, aunque percibieran más, disminuyendo de manera artificial sus aportaciones al Infonavit.
El resultado fue doblemente perjudicial: viviendas cada vez más costosas en el tiempo y pagos que no correspondían al ingreso real del trabajador perpetuando el adeudo.
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En Quintana Roo, donde gran parte de la población depende del empleo turístico y de ingresos variables, esta práctica provocó que numerosas familias quedaran atrapadas durante décadas en financiamientos imposibles de liquidar, incluso después de haber cubierto dos o tres veces el valor inicial de su vivienda.
Romero Oropeza afirmó que este programa de reestructuración es tan importante como el de “Viviendas del Bienestar”y que, al concluir el proceso nacional, cinco millones de hogares podrán conservar su patrimonio sin la carga de una deuda impagable.