La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) confirmó que al menos 152 predios, propiedad del Gobierno del Estado, han sido invadidos o vendidos de manera irregular.
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Estas tierras, originalmente destinadas a programas sociales para abatir el rezago de vivienda, permanecen en riesgo constante de ocupación ilegal, mientras no sean pagadas ni construidas por los beneficiarios.
Genaro Sena Vidal, director de Enlace y Vivienda de Sedetus en el municipio, explicó que el problema se origina principalmente por la falta de seguimiento en la entrega y ocupación formal de los lotes, lo que ha provocado invasiones, ventas irregulares y conflictos entre posesionarios.
El funcionario detalló que algunos terrenos apenas han sido desmontados, lo que permite actuar de forma preventiva, mientras que en otros ya se han construido viviendas, requiriendo procedimientos legales más complejos.
“Estamos poniendo orden en esta problemática, y en varios casos, personas que fueron registradas como beneficiarias han venido a denunciar que sus predios han sido ocupados”, explicó.
El director precisó que, aunque Sedetus brinda acompañamiento, son los legítimos propietarios quienes deben presentar denuncias ante la Fiscalía para iniciar el proceso legal correspondiente.
Advirtió que las invasiones a terrenos públicos ya se contemplan como delitos en la legislación estatal, por lo que se procederá conforme a derecho cuando existan elementos suficientes para demostrar ocupación ilegal.
La dependencia comenzó a instalar lonas informativas en los predios para disuadir posibles intentos de ocupación.
Además del problema de invasiones, Sedetus enfrenta una cartera vencida superior a los 44 millones de pesos en Cozumel, derivada de adeudos por terrenos adjudicados en colonias, como San Miguel I y II, donde existen asignaciones con más de 40 años de antigüedad.
El análisis del estatus legal de los predios y de su tenencia continúa en curso, y la dependencia exhorta a los ciudadanos a no adquirir terrenos sin la documentación legal correspondiente y a denunciar cualquier intento de fraude relacionado con la venta de terrenos propiedad del Estado.
JGH
