En lo que va del año, el Gobierno estatal mantiene abiertas seis investigaciones contra fedatarios públicos debido a presuntas irregularidades en su desempeño por posibles violaciones a la Ley del Notariado, muchas de ellas relacionadas con la compra-venta de inmuebles. Estos casos se suman a las 47 quejas ciudadanas presentadas durante el año pasado.
Fuentes jurídicas consultadas por POR ESTO!, expusieron que existe una “cifra negra” de afectados que no denuncian por desconocimiento, costos legales o desconfianza en las autoridades.
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Al respecto, el subsecretario Jurídico de la Secretaría de Gobierno, Jorge Herrera Aguilar, declaró que las denuncias van desde omisiones en el cumplimiento de requisitos legales hasta presunta complicidad en avalúos alterados en operaciones vinculadas con predios de alta plusvalía turística.
Insistió que por el sigilo de las investigaciones, no se han dado a conocer los nombres de los fedatarios señalados ni detalles específicos de los expedientes.
De los 47 casos reportados en el 2025, solo cuatro han sido concluidos, lo que refleja un rezago importante, refirió.
Víctimas
De acuerdo con testimonios de afectados, algunos casos también involucran fraudes en la venta de viviendas y terrenos, así como presuntos despojos, incluso en operaciones relacionadas con derechohabientes del Infonavit, donde familias aseguraron haber perdido sus propiedades tras procesos notariales que consideran irregulares, donde también están involucrado personal del Registro Público de la Propiedad.
Urania Campos, habitante de Cancún, señaló que, tras adquirir una vivienda mediante un crédito hipotecario, descubrió que el inmueble tenía antecedentes legales no informados.
“Con el tiempo llegó otra persona diciendo que era el dueño. Empezó un proceso y perdimos la casa y los recursos que nos costó años ahorrar. Nadie nos explicó qué pasó”, relató.
Juan Mendoza aseguró que su propiedad fue transferida sin su consentimiento tras un trámite que, según le informaron después, se realizó con documentos que él nunca firmó.
“Cuando quise vender, ya no estaba a mi nombre. He denunciado, pero el proceso es lento”, dijo.
Dos notarios consultados, quienes pidieron omitir sus nombres, señalaron que la mayoría de los fedatarios cumplen con la ley, pero reconocieron que existen algunos casos que dañan la confianza en el gremio.
Coincidieron en que el sistema de supervisión debe fortalecerse para garantizar transparencia y sanciones oportunas.
Uno de ellos explicó que la Ley del Notariado establece la obligación de verificar la legalidad de los actos, identidad de las partes y autenticidad de los documentos antes de formalizar una operación.
“Si se omite alguno de estos pasos, hay responsabilidad administrativa e incluso penal”, advirtió.
Otro señaló que la relación entre notarías, desarrolladores y valuadores puede generar conflictos de interés si no hay controles estrictos.
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Fuentes jurídicas, como el abogado Luis Rubio atribuyó los retrasos a procesos largos, amparos, carga burocrática y, en algunos casos, presiones externas.
“El tiempo de resolución puede extenderse por meses o años, con la consecuente carga económica y el estrés para los afectados”.
Sostuvo que los expedientes abiertos en lo que va del año mantienen en el centro del debate si el sistema de supervisión notarial es eficaz y si realmente protege a los ciudadanos frente a abusos y fraudes inmobiliarios.