Martínez, consideró necesario reforzar los protocolos administrativos y financieros de las compañías ante la posibilidad de que irregularidades o movimientos atípicos deriven en investigaciones que afecten su funcionamiento.
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El representante del sector productivo manifestó preocupación por las consecuencias que puede generar la retención de fondos, particularmente cuando una compañía depende de sus cuentas para cubrir obligaciones, pagos a proveedores y nómina.
Señaló que, aunque entiende la necesidad de combatir el lavado de dinero y las actividades ilícitas, existe inquietud entre los empresarios por posibles excesos y por las repercusiones que tendría la restricción de fondos sobre la marcha de los negocios y el empleo.
“Es un riesgo real; de un día para otro, una empresa puede encontrarse con sus cuentas congeladas por una sospecha, lo cual no contribuye a la seguridad jurídica de las inversiones y, lo peor aún, afectará los empleos”, señaló.
Gutiérrez Martínez reconoció que desconoce quiénes son los titulares de las 25 cuentas restringidas en Quintana Roo.
Hasta ahora, la información pública presentada por la UIF tampoco permite conocer cuánto dinero fue inmovilizado en la entidad ni si entre los propietarios de las cuentas figuran empresas locales, por lo que continúan sin esclarecerse las causas específicas de las medidas reportadas para el estado.
JGH
