Un nuevo caso de presunta fabricación de delitos, abusos institucionales y omisiones dentro del sistema penitenciario fue expuesto este martes por las "Madres buscadoras de Quintana Roo", quienes se instalaron en plantón permanente a las afueras de la cárcel municipal de Cancún, exigiendo que las autoridades actúen conforme a derecho en el caso de Bryan Enrique Campos Hernández.
Durante una conferencia de prensa afuera del penal, las manifestantes denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) fabricó una carpeta de investigación en contra de Bryan por el delito de homicidio calificado, luego de que originalmente fuera ingresado al centro penitenciario por un presunto caso de narcomenudeo.
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La abogada Ariadne Song, representante legal de la familia, señaló que, tras casi siete meses de reclusión, la Fiscalía incorporó de manera tardía a la investigación a una testigo de identidad reservada, quien sería la única persona que señala a Bryan como responsable, indicando día y lugar de los hechos, sin que exista, ni hayan presentado-subrayó- ninguna prueba material, pericial o testimonial adicional que lo vincule con el delito.
“No hay absolutamente ninguna prueba que involucre o indique la participación de Bryan Enrique; no hay indicios, no hay elementos objetivos. Sólo un testimonio que aparece de manera irregular”, sostuvo la abogada.
Incluso en la audiencia donde supuestamente la testigo dio su testimonio, a Bryan Enrique no le autorizaron ir al Juzgado, en otra clara violación al debido proceso.
La defensa recordó que Bryan fue detenido por un delito distinto y que, posteriormente, “mágicamente apareció un testigo siete meses después” que permitió a la FGE imputarle un crimen de mayor gravedad, lo que consideran una violación al debido proceso y un uso discrecional del aparato de procuración de justicia.
A las irregularidades procesales se suman graves hechos de violencia al interior del penal. Bryan Enrique fue víctima de un ataque con arma blanca dentro de la cárcel de Cancún, en el que recibió 13 puñaladas. Pese a la gravedad de las heridas, denunciaron que el director del centro penitenciario, Salvador Reyes Muñiz, no garantizó atención médica oportuna ni adecuada, poniendo en riesgo su vida.
La abogada también acusó omisiones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual -a pesar de tener conocimiento de que el interno no recibió atención médica y de que a su madre y familiares se les negó el acceso para verificar su estado de salud- no actuó conforme a sus atribuciones legales.
Ante estos hechos, la defensa interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos por el delito de tortura, así como por la omisión de atención médica y la falta de actuación de la CEDH. Hasta ahora, las autoridades se han negado a practicar el Protocolo de Estambul, indispensable para determinar si Bryan fue víctima de tortura dentro del penal o en otras instalaciones oficiales.
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La madre de Bryan responsabilizó directamente a las autoridades estatales de la integridad física y la vida de su hijo, así como de la seguridad del resto de su familia. Las madres buscadoras advirtieron que el plantón se mantendrá de manera indefinida hasta que se garantice una revisión imparcial del caso y se investiguen las responsabilidades de funcionarios penitenciarios y ministeriales.
El caso de Bryan Enrique Campos se suma a una lista creciente de señalamientos contra la FGE de Quintana Roo, donde colectivos y defensores de derechos humanos denuncian criminalización, expedientes endebles y un sistema que castiga primero y pregunta después, reiteró la abogada.
Se pidió la versión de la Fiscalia en lo hechos señalados y no han emitido postura.