Más de 800 familias continúan con problemas de abastecimiento de agua potable en el municipio de Benito Juárez, debido a al menos dos obras inconclusas que mantienen el caos en la ciudad. Órdenes de corte del suministro que no llega a los hogares han generado el enojo de los ciudadanos. María Cristina Torres Gómez, secretaria del Gobierno del Estado, confirmó que sería la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) quien asumiría el lugar de Aguakan.
Durante un recorrido por diversos puntos de la ciudad, los testimonios recabados coinciden en la misma problemática: tiempos breves de bombeo con escasa presión, días sin servicio y, aun así, personal de la concesionaria acude mensualmente a tomar lecturas de consumo o, peor aún, a entregar notificaciones de corte, pese a que muchas viviendas no reciben una sola gota de agua. Esta situación afecta a las regiones 95, 100, 102, 203, 221, 227, 248, 256, 255, 234, 235, 237 y hasta la zona continental de Isla Mujeres.
“Estamos cansados de no tener agua y aun así pagar el recibo cada mes. Es un abuso, porque si no se paga a tiempo nos cobran recargos, y nosotros sin agua en casa”, denunció Lorna, vecina de Kusamil.
En cuanto a las reparaciones, según la página oficial de la concesionaria, hay dos obras aún activas: una en la avenida Puerto Juárez, con fecha de culminación en septiembre de 2025, y otra en la avenida Las Torres, en la Supermanzana 510, con fecha de finalización en julio del mismo año. Los vecinos de estas zonas expresaron su preocupación por la eventual salida de Aguakan, ya que desconocen si las obras serán concluidas o si deberá iniciarse de nuevo, lo que representaría un retroceso total, advirtió Javier, residente de Puerto Juárez.
Ante estas inquietudes, representantes del Gobierno del Estado informaron que se mantiene coordinación con los Ayuntamientos, especialmente en los municipios donde Aguakan dejaría de operar, a fin de evaluar la situación y buscar soluciones que garanticen el servicio a miles de habitantes de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, quienes quedarían bajo la atención de CAPA.
Por su parte, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, aseguró: “Tenemos la capacidad como Estado para garantizar el servicio. Revisen la sentencia: es muy interesante porque analiza a fondo el derecho al agua que deben tener las y los ciudadanos. Hay confianza en que el juicio continuará su curso”. Añadió que el litigio se encuentra en una etapa donde ya no se presentan pruebas, sino que se revisan los elementos existentes y se escuchan los agravios de Aguakan.
