A menos de dos semanas de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas móviles en México, los centros de atención telefónica en la ciudad han comenzado a registrar un incremento considerable de usuarios que buscan regularizar su situación por temor a perder el servicio a partir de julio.
Durante un recorrido por distintas sucursales de telefonía celular, clientes reportaron largas filas y tiempos de espera superiores a 30 minutos para completar el trámite. Muchos señalaron que intentaron realizar el proceso por Internet sin éxito debido a fallas en las plataformas digitales.
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“Lo intenté varias veces desde la página y nunca pude concluir el registro. Al final tuve que venir personalmente y esperar más de media hora para ser atendida”, comentó una usuaria.
De acuerdo con los entrevistados, los sistemas en línea presentan errores o demoras para procesar la información, una situación que atribuyen al aumento de solicitudes conforme se acerca la fecha límite del 30 de junio. Sin embargo, más allá de los problemas técnicos, predomina la incertidumbre sobre el manejo de los datos personales requeridos para el procedimiento.
La obligación de registrar la línea mediante CURP y datos biométricos continúa siendo uno de los principales obstáculos para numerosos ciudadanos. Varios expresaron desconfianza al proporcionar huellas digitales, fotografías o videos para validar su identidad, además de cuestionar la seguridad de las bases de datos oficiales ante posibles filtraciones o usos indebidos de la información.
Los usuarios también manifestaron preocupación por las consecuencias de una eventual suspensión de líneas no registradas. Consideran que una medida de esta naturaleza podría afectar a millones de personas y generar repercusiones económicas y sociales, debido a la dependencia actual de la telefonía móvil para actividades laborales, comerciales y de comunicación.
“Si realmente suspenden las líneas, podría haber un impacto importante porque no sabemos cuántas personas ya se registraron ni qué ocurrirá con quienes no lo hagan”, señaló otro ciudadano.
Asimismo, algunos consideran que las autoridades no han explicado con claridad el destino de la información recopilada. “Entiendo que quieran crear una base de datos, pero nadie garantiza plenamente nuestra privacidad, y eso genera preocupación”, expresó otro usuario.
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La desconfianza es mayor entre quienes cuentan con contratos de telefonía, ya que aseguran haber proporcionado previamente documentación oficial e información personal al contratar el servicio. “Tengo un plan desde hace años y ya entregué todos mis datos. No entiendo por qué debo registrarme nuevamente”, comentó un cliente.
Aunque el Gobierno Federal sostiene que la medida busca fortalecer la seguridad y facilitar la identificación de líneas relacionadas con actividades ilícitas, persisten las dudas sobre la protección de datos, posibles vulneraciones a la privacidad y riesgos de robo de identidad.
Cientos de usuarios continúan acudiendo a las sucursales en busca de orientación, entre largas filas, incertidumbre y el temor de quedar incomunicados.
