La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a una empresa dedicada a la venta de vehículos usados y servicios financieros, señalada por un presunto fraude que ha dejado, hasta el momento, más de 20 personas afectadas y pérdidas superiores al millón de pesos.
De acuerdo con las denuncias, la firma CAYLAB, identificada comercialmente como Autosureste by CAYLAB, abandonó los dos locales donde operaba sin entregar las unidades prometidas, mientras que los agraviados no descartan que el número de víctimas continúe aumentando.
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Según los denunciantes, la empresa mantenía oficinas en la plaza Punta Tulum, ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, cerca del Distribuidor Vial, así como en la laza Canaima, en la avenida Kabah; sin embargo, durante la semana pasada ambos establecimientos fueron desocupados sin previo aviso.
Sara, una de las afectadas, relató que entregó un enganche de 35 mil pesos para adquirir un automóvil que, de acuerdo con el contrato, sería entregado el pasado 23 de julio. Al acudir a las oficinas para recibir la unidad, encontró el local completamente vacío y coincidió con otras personas que enfrentaban la misma situación.
Ante el constante arribo de clientes para exigir el cumplimiento de los contratos, la administración de la plaza Punta Tulum colocó un aviso en la entrada del establecimiento en el que aclaró que no mantiene relación con las operaciones comerciales, contratos u obligaciones de Autosureste, empresa representada por Gabriel Yahve Suárez Moreno y Brigham García Ceballos, quienes ocupaban el inmueble únicamente en calidad de arrendatarios. Asimismo, indicó que cualquier reclamación deberá dirigirse directamente a la empresa o a las autoridades competentes.
Los primeros afectados descubrieron la desaparición del personal cuando comenzó el plazo establecido para la entrega de los vehículos. De acuerdo con sus testimonios, realizaron depósitos por concepto de enganche que oscilaron entre 25 mil y 200 mil pesos.
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Las denuncias fueron presentadas ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la FGE, donde los agraviados entregan contratos, comprobantes de pago y demás documentación para sustentar las querellas.
Las primeras indagatorias señalan que la empresa había arrendado, aproximadamente dos meses atrás, uno de los locales de mayor tamaño de la plaza Punta Tulum, donde operaba con alrededor de 15 ejecutivos uniformados, lo que proyectaba una imagen de formalidad y confianza entre los clientes.
