La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) detectó irregularidades en la comprobación de gastos de la Universidad Tecnológica de esta ciudad (UTC) por un monto superior a un millón 128 mil pesos.
El informe, cuyos expedientes fueron turnados a la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, señala que las observaciones corresponden a diversos recursos que no han sido debidamente justificados y que forman parte del ejercicio fiscal 2024.
De acuerdo con la documentación analizada, fue mediante las auditorías con los expedientes 24-AEMF-D-GOB-076-126 y 24-AEMF-D-GOB-076-127, practicadas por la Aseqroo, como se determinó la falta de comprobación de diversos gastos.
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Las inconsistencias derivan del incumplimiento en la justificación de los ingresos propios y del gasto público ejercido por la Universidad Tecnológica de Chetumal.
Los documentos entregados al Poder Legislativo detallan que los conceptos no comprobados corresponden al pago de servicios solicitados sin respaldo documental, por un monto de 755 mil 212.89 pesos.
Asimismo, se detectó la ausencia de comprobantes por la asignación de puestos no autorizados y contrarios a la normatividad vigente, por un total de 111 mil 793.20 pesos, además de otras anomalías administrativas que superan los 252 mil pesos.
Con base en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, el monto total observado deberá ser solventado; en caso contrario, la UTC estará obligada a reintegrar los recursos en los términos que determinen la Aseqroo y el Congreso del Estado.
Pese a que se solicitó una postura oficial respecto a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, la Universidad Tecnológica de Chetumal no respondió a la petición.
En julio del año pasado, docentes por asignatura de la Universidad Tecnológica de Chetumal denunciaron ser víctimas de abuso sistemático, hostigamiento institucional y condiciones laborales precarias.
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También hicieron público un documento en el que acusaron que la administración universitaria, encabezada por el rector Alfredo Marín Marín y la directora académica Eréndira Blanco Santana, los obliga a firmar contratos cuatrimestrales, reiniciando su antigüedad y dejando en incertidumbre su posible recontratación, bajo un esquema que los convierte en personal “descartable”.
De igual manera, denunciaron casos documentados de profesores de tiempo completo que, lejos de cumplir plenamente con sus funciones, gozaban de privilegios y de doble o incluso triple empleo, en contravención directa a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Los docentes manifestaron entonces que “la comunidad universitaria exige transparencia, justicia laboral y una reestructuración urgente que ponga fin al favoritismo, la corrupción interna y la violación sistemática de derechos”.
