Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Abel “N”, señalado por su probable participación en el delito de secuestro agravado. El imputado es investigado por la desaparición y posterior muerte de un hombre que laboraba en la zona rural del municipio de Othón P. Blanco, cuyos restos fueron localizados tiempo después en el vecino estado de Campeche.
Las indagatorias de la Fiscalía General del Estado establecen que los hechos comenzaron el 5 de agosto de 2023, cuando la víctima salió de su domicilio en el poblado de San Pedro Peralta con dirección a su lugar de trabajo.
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El hombre se desempeñaba desde hacía 13 años en la caseta fitosanitaria ubicada sobre la carretera federal Chetumal-Escárcega, cerca de la localidad de Caobas. Tras cumplir con su jornada el 6 de agosto, el trabajador informó a sus compañeros que saldría un momento de las instalaciones, siendo esa la última vez que fue visto con vida.
Cerca de la medianoche de ese mismo día, la violencia del caso escaló cuando la madre de la víctima recibió una llamada desde el teléfono de su hijo. Los captores le informaron sobre el secuestro y, para ejercer presión, enviaron un video donde se observaba al hombre con los ojos vendados.
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Los delincuentes exigieron un rescate de 400 mil pesos a cambio de su liberación, manteniendo las negociaciones y llamadas extorsivas durante los días 7 y 8 de agosto de ese año.
De acuerdo con los datos de prueba presentados por la Representación Social, Abel “N” presuntamente privó de la libertad al trabajador y manipuló el dispositivo móvil de este para realizar las exigencias económicas.
Gracias a las investigaciones tecnológicas, de gabinete y de campo, las autoridades lograron rastrear el paradero del sospechoso hasta el centro penitenciario de Villahermosa, Tabasco.
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En una operación conjunta con la fiscalía de dicha entidad, agentes de Quintana Roo cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra. Tras el análisis de las evidencias, el Juez de Control determinó formalizar el proceso judicial contra el investigado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos iniciales de búsqueda, los restos mortales de la víctima fueron hallados meses después en territorio campechano, lo que agrava la situación jurídica del ahora vinculado, quien permanecerá recluido durante el tiempo que dure el proceso legal.
Fernando Baeza
