Habitantes del municipio Lázaro Cárdenas señalaron que éste atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente. Lamentaron que la estabilidad de la corporación se encuentra en riesgo, tras la privación de la libertad y la tortura de cuatro elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana asignados en la comunidad Nuevo Xcán, las autoridades reportan estables a los cuatro agentes.
Mientras las autoridades municipales buscan proyectar una imagen de control y atención médica, la percepción ciudadana y la moral de la tropa evidencian una fractura profunda entre el Gobierno local y quienes deben garantizar la paz en la región.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, confirmó que los cuatro elementos siguen recibiendo atención médica, los reportaron estables con pronóstico reservado. Sin embargo, negó aclarar el motivo de la agresión, mencionando que la investigación compete a la Fiscalía General del Estado (FGE).
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Además, mencionó que se trabaja en coordinación con autoridades municipales para reforzar la seguridad en Lázaro Cárdenas.
Mientras que el director de Salud Municipal, Juan Lorenzo Aguilar, coincidió con lo citado por el Secretario de Seguridad Ciudadana estatal, al señalar que los policías permanecen internados en el Hospital General de Playa del Carmen para recibir atención especializada, debido a las secuelas de la tortura que sufrieron.
Aunque sus vidas no corren peligro inmediato, el pronóstico médico es reservado respecto a la recuperación a largo plazo de las lesiones físicas y del trauma psicológico derivado del incidente.
Subrayó que el traslado se dio ante la necesidad de asegurar una infraestructura hospitalaria de mayor nivel para monitoreo permanente.
El titular de la Dirección de Seguridad Ciudadana, su titular, Roberto Bravo Peña, emitió declaraciones breves en las que evitó profundizar en las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado (FGE).
Se limitó a indicar que los agentes están fuera de peligro y que se implementarán operativos coordinados con instancias de los tres niveles de Gobierno para reforzar la vigilancia en la zona limítrofe.
No obstante, el Gobierno municipal ha eludido pronunciamientos sobre las causas que originaron la agresión, sin confirmar ni descartar que el acto delictivo haya sido una medida de presión por parte de grupos criminales.
Resaltó el silencio del presidente municipal, Nivardo Mena, quien hasta el cierre de esta edición no había emitido comunicado alguno ni ha fijado una postura política frente a la vulnerabilidad de sus fuerzas del orden.
La percepción de inseguridad entre los lazarocardenses ha aumentado de forma crítica. Líderes sociales y ejidales expresaron un profundo malestar que va más allá del incidente en Nuevo Xcán.
Isidro Chuc Simá, líder ejidal de Kantunilkín, señaló que el problema de fondo radica en el nombramiento de funcionarios ajenos a la región. Recordó que anteriormente la seguridad se gestionaba con personas reconocidas por la comunidad, mientras que hoy se imponen mandos externos que desconocen la dinámica local, lo que genera desconfianza tanto en la operatividad como en la integridad de la institución.
Vierten opiniones
Chuc Simá subrayó un contraste en la opinión pública: mientras algunos lamentan la agresión por el precedente de que la autoridad ha sido rebasada por el crimen organizado, otros sectores mantienen resentimiento debido a abusos de poder previos cometidos por elementos policiales contra ciudadanos.
Enfatizó que es la primera vez que ocurre un hecho de esta magnitud y criticó la actitud intimidatoria de la Policía hacia los habitantes, instando a una capacitación que distinga el trato a civiles del combate a la delincuencia organizada. Asimismo, denunció el abandono de casetas de vigilancia y la falta de personal, rechazando la escasez de recursos como una justificación válida por parte del Ayuntamiento.
En el municipio las reacciones son diversas. Olegario Cen, subdelegado de Valladolid Nuevo, informó que actualmente cuenta con 10 elementos y una patrulla adicional, manifestando una conformidad momentánea, pero exigiendo que el patrullaje sea permanente en las 14 comunidades y no solo una respuesta reactiva al incidente.
Julián Cupul, alcalde de Ignacio Zaragoza, anunció que solicitará formalmente el refuerzo de seguridad con más agentes y unidades para evitar que la violencia se replique en su jurisdicción.
A pesar de estas solicitudes, ni la subdelegación de Nuevo Xcán ni el Ayuntamiento han confirmado si ya se asignaron nuevos elementos de forma permanente a la zona en conflicto.
En los pasillos de la Dirección de Seguridad Pública y del Palacio Municipal, el rumor de una desbandada persiste. Versiones extraoficiales indican que más de una decena de elementos han presentado sus renuncias o planean hacerlo en los próximos días.
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Hay temor
Oficiales operativos, bajo condición de anonimato, describieron la situación como insostenible, calificando la agresión en Nuevo Xcán como el límite de lo que pueden tolerar. Los agentes denuncian que patrullar en la frontera con Yucatán representa un riesgo de muerte que no se compensa con los salarios actuales, los cuales consideran insuficientes. Además, señalaron la falta de prestaciones básicas de ley, lo que deja a los policías rasos en total indefensión en caso de sufrir percances en el cumplimiento de su deber.
A pesar de la crisis, las autoridades policiales sostienen que formalmente no se han recibido dimisiones tras el incidente. Paralelamente, familiares de los policías agredidos han alzado la voz de manera anónima para exigir un alto a los comentarios malintencionados en redes sociales.
Lamentaron que la opinión pública generalice y acuse a todos los elementos de estar involucrados en actividades ilícitas. Defendieron que los agentes torturados son padres y madres de familia que trabajan con recursos limitados y equipamiento deficiente, cumpliendo con su deber de velar por la comunidad en un entorno cada vez más hostil.
El municipio se encuentra ahora ante una encrucijada: la necesidad de una reestructuración profunda de su modelo de seguridad o el riesgo de un colapso operativo ante la falta de personal dispuesto a servir bajo las condiciones actuales de vulnerabilidad y deslegitimación social.
La ausencia de un diagnóstico claro y de una estrategia definida por parte del Gobierno municipal y estatal mantiene a la población en un estado de alerta e incertidumbre.
