Dos años después de la primera denuncia, usuarios con discapacidad volvieron a señalar barreras para acceder a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado que está bajo el cargo de Raciel López Salazar.
El ciudadano Arnold Stivens Rosado Gómez presentó una nueva queja dirigida al titular de la institución, en la que solicita condiciones de accesibilidad universal que permitan desplazarse, orientarse, comunicarse y utilizar los servicios sin depender de terceros.
El antecedente se remonta a mayo de 2024, cuando Rosado interpuso formalmente la primera denuncia. Un mes después, la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía respondió mediante el oficio FGE/QR/FEJyDH/CHE/DDH/1227/2024, en el que informó que el asunto había sido turnado a la Dirección General de Administración y Finanzas. En aquel documento se plantearon acciones como identificar barreras, realizar adaptaciones, capacitar al personal y supervisar posteriormente la efectividad de las medidas.
Han transcurrido más de dos años desde esa respuesta y, según Rosado, las condiciones que motivaron la queja inicial no han sido resueltas. El ciudadano sostiene que el problema no se limita a la existencia de rampas en la entrada, sino que incluye rutas accesibles dentro de las instalaciones, señalización adecuada, guías para personas con discapacidad visual, mecanismos de comunicación y orientación, así como herramientas que permitan el uso pleno de los servicios de la Fiscalía.
La reiteración del reclamo coloca en evidencia que la institución ya conocía el problema y lo había canalizado al área encargada de atenderlo. Sin embargo, los usuarios señalan que las medidas anunciadas no se han materializado en cambios visibles.
. La Fiscalía es una instancia a la que acuden personas en situación de vulnerabilidad, por lo que la ausencia de condiciones adecuadas representa un obstáculo adicional para quienes buscan ejercer sus derechos.
Hasta el momento, no se ha emitido un nuevo pronunciamiento oficial sobre la queja presentada en septiembre de 2026. El seguimiento de este caso permitirá conocer si las acciones comprometidas en 2024 se concretan o si persisten las limitaciones que afectan a personas con discapacidad en Quintana Roo.
