La reactivación del aserradero comunitario de Kantunilkín está prevista para este mes de noviembre, como parte de un proyecto de aprovechamiento forestal que contempla la extracción de madera en 5 mil hectáreas durante diez años, a razón de 500 hectáreas anuales, mediante una inversión bipartita entre el ejido y la empresa privada VO7.
Sin embargo, mientras la directiva encabezada por Fidel Pool Cauich asegura que la iniciativa permitirá aprovechar la materia prima y generar nuevas oportunidades productivas, el ejidatario Isidro Chuc Sima cuestiona la transparencia del proyecto y advierte sobre posibles riesgos ambientales y financieros.
De acuerdo con las declaraciones del comisariado ejidal, Fidel Pool Cauich, el esquema operativo establece que los mil 106 ejidatarios registrados aportarán el recurso maderable, mientras que la empresa VO7 se encargará de proporcionar la maquinaria, dar mantenimiento a las instalaciones y realizar los trabajos de corte y comercialización.
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Pool Cauich aseguró que las obras físicas del aserradero, que se instalará en la antigua bloquera ejidal, se encuentran en su etapa final. Los trabajos incluyen la reparación de fisuras en la infraestructura, así como el acondicionamiento de oficinas y sanitarios. Actualmente, se espera el arribo de la maquinaria pesada para comenzar las labores en la zona de monte.
El dirigente también se comprometió a que la directiva emitirá reportes mensuales detallados sobre los metros cúbicos procesados, los costos de operación y los niveles de inversión ejercida.
Según la versión de la dirigencia, el proyecto contempla el aprovechamiento integral de la materia prima, aunque no se especifican los tipos de madera que se extraerán. Pool Cauich sostuvo que no se tocarán especies catalogadas en riesgo, como el cedro y el chicozapote.
Asimismo, indicó que se capacitará a los parcelarios locales para diversificar la producción mediante la elaboración de subproductos, como triplay y cimbraplay, utilizando gajos y sobrantes de madera. También se contempla la apertura de una mueblería comunitaria.
Fidel Pool enfatizó que la empresa VO7 ya cuenta con un mercado garantizado para comercializar la madera extraída, lo que, según sus estimaciones, permitirá asegurar la viabilidad comercial del proyecto desde el inicio de sus operaciones.
Cuestionan y manejo forestal
En contraste con la postura de la directiva, el ejidatario Isidro Chuc Sima rechazó el optimismo en torno al proyecto y aseguró que no existe información clara ni permisos ambientales visibles expedidos por autoridades como la Comisión Nacional Forestal (Conafor) o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Chuc Sima sostuvo que Kantunilkín carece de un estudio agronómico o de un programa real de manejo sustentable que determine la tasa de reposición del monte. Advirtió que la extracción de madera podría provocar una severa degradación del ecosistema local si no existe un programa obligatorio de reforestación coordinada después del derribo de los árboles.
El ejidatario también señaló que los antecedentes del núcleo agrario alimentan la desconfianza hacia las alianzas con empresas privadas, pues, desde su perspectiva, estos acuerdos terminan beneficiando a particulares y a las directivas en turno, mientras la mayoría de los ejidatarios queda al margen de las ganancias.
El antecedenteDe acuerdo con sus argumentos, las empresas suelen ingresar con su propio personal, operadores de maquinaria y unidades de transporte, con lo que concentran las distintas etapas de la cadena de valor. Además, denunció posibles prácticas de subestimación del volumen de madera en rollo, lo que, afirmó, impediría un reparto equitativo de dividendos o una remuneración directa para las familias de los mil 106 integrantes del ejido.
El antecedente de la planta purificadora aumenta la desconfianza
Para explicar sus cuestionamientos a la actual administración ejidal, Chuc Sima comparó el proyecto del aserradero con la reciente instalación de la planta purificadora de agua del ejido, cuya operación también ha sido objeto de críticas.
Según su versión, la obra fue promocionada como una empresa comunitaria con un costo anunciado de 300 mil pesos; sin embargo, aseguró que en la práctica funcionó únicamente como un dispensario de escasa capacidad productiva, sin permisos ni vehículos de distribución.
El ejidatario estimó que el costo real de la planta habría sido de 150 mil pesos, lo que, a su juicio, genera sospechas sobre el manejo de los recursos y refuerza sus dudas respecto al nuevo proyecto forestal.
Chuc Sima advirtió que el aprovechamiento maderable podría repetir los problemas de opacidad que, según denuncia, se presentaron con la purificadora, y cuestionó si los beneficios económicos llegarán realmente a la base ejidal o si el proyecto terminará favoreciendo a intereses particulares.
Mientras la directiva sostiene que la reactivación del aserradero permitirá aprovechar los recursos forestales y desarrollar nuevas actividades productivas, las críticas de Chuc Sima se centran en la falta de información, la transparencia financiera y las garantías para proteger el monte. La viabilidad del proyecto, desde ambas perspectivas, está vinculada tanto a su operación comercial como a la manera en que se administren los recursos y se distribuyan sus beneficios entre los ejidatarios.
