Durante el periodo comprendido entre el 16 de julio y el 16 de septiembre, autoridades de seguridad aseguraron un total de 38 vehículos y 42 motocicletas presuntamente vinculados a la comisión de diversos delitos, lo que representa un esfuerzo importante por frenar el uso de estos medios en actividades ilícitas y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.
De acuerdo con fuentes oficiales, los aseguramientos se realizaron como parte de los patrullajes diarios y operativos implementados por corporaciones de seguridad pública en distintas zonas del municipio. En ese mismo lapso, se logró la recuperación de 8 vehículos y 34 motocicletas que contaban con reporte de robo.
Uno de los casos más recientes es el de una camioneta Nissan, localizada fuera de un domicilio particular. En un primer momento, surgieron versiones que relacionaban el inmueble con un elemento de la policía municipal, sin embargo, esta información fue descartada por autoridades, quienes aclararon que en dicha vivienda no reside ningún agente activo.
En seguimiento al hecho, fuentes policiales informaron que el afectado había adquirido el vehículo mediante un esquema de financiamiento. Según su testimonio, se atrasó en algunos pagos y, tras ausentarse algunos días de su hogar, al regresar notó que el vehículo ya no estaba. Utilizó un sistema de rastreo GPS para ubicarlo y, tras dar con su paradero, solicitó apoyo de la policía.
Los agentes acudieron al sitio, pero al tratarse de un domicilio particular, no fue posible realizar una intervención inmediata. Se exhortó al propietario a presentar la denuncia formal por robo, ya que aún no había sido levantada oficialmente. También se aclaró que en ningún momento la víctima señaló que el inmueble estuviera vinculado a algún funcionario público.
Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo, y recordaron que el aseguramiento de vehículos robados o utilizados en delitos es un proceso que debe realizarse bajo los protocolos legales correspondientes, para garantizar que las acciones tengan sustento jurídico.
Con estos resultados, se busca continuar debilitando las estructuras delictivas que se apoyan en vehículos para la comisión de delitos, además de dar certeza a las personas afectadas por el robo de su patrimonio.
