Turistas que rentan vehículos con agencias irregulares en Quintana Roo enfrentan cobros indebidos, conflictos legales e incluso detenciones por circular en unidades con reporte de robo, advirtió la presidenta de la Asociación de Arrendadoras de Vehículos de Quintana Roo, Alma Reynoso Zambrano, quien exhortó a evitar este tipo de servicios, especialmente durante periodos vacacionales.
La dirigente señaló que en temporadas de alta afluencia se incrementan las quejas de personas que alquilan automóviles con empresas no autorizadas, lo que deriva en afectaciones económicas y situaciones jurídicas adversas.
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Indicó que uno de los escenarios más delicados ocurre cuando los usuarios son interceptados por autoridades al conducir coches sustraídos, sin tener conocimiento previo de dicha condición.
Explicó que estos casos se originan principalmente cuando los clientes optan por tarifas más bajas ofrecidas por compañías que operan fuera de la formalidad, lo que eleva el riesgo de irregularidades.
Subrayó que aunque los costos resulten atractivos, las consecuencias pueden implicar gastos mayores o complicaciones legales.
Ante este panorama, recomendó contratar únicamente con firmas establecidas, preferentemente afiliadas a organismos formales.
Asimismo, insistió en verificar que los automóviles cuenten con seguros vigentes, revisar el estado físico de la unidad antes de su uso y aclarar previamente todos los cargos incluidos en el servicio.
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Por su parte, las autoridades recomendaron consultar el Buró Comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), herramienta que permite conocer el historial de quejas de las empresas y detectar posibles anomalías antes de concretar un contrato.
Reynoso Zambrano puntualizó que la elección no debe basarse únicamente en el precio, sino en la certeza jurídica y las condiciones de seguridad que ofrezca la arrendadora.
Hizo ver que recurrir a opciones fuera del marco regulado expone a los visitantes a situaciones que pueden afectar su estancia y su situación jurídica.
La recomendación es corroborar la legalidad de las compañías y priorizar servicios que cumplan con los requisitos establecidos, a fin de evitar incidentes derivados de prácticas irregulares en el sector.
