La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó esta mañana la captura de David Jesús “N”, identificado como presunto líder de una red dedicada al narcomenudeo y la extorsión en la isla de Holbox, el cual se dio mediante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. Sin embargo, la intervención ha desatado una ola de indignación entre sus allegados, quienes acusan a las autoridades de detención arbitraria y robo.
De acuerdo con el informe oficial emitido poco antes de las 11:00 horas, la captura fue ejecutada por elementos de los grupos Orión y Centurión de la SSC, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
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La autoridad sostiene que la intervención derivó de la denuncia de un menor de edad, quien alertó sobre un hombre que le ofreció marihuana en la vía pública.
Tras el señalamiento, los uniformados localizaron al sospechoso en la calle Pargo, entre P. Kuka y Gonzalo Guerrero, durante la inspección de rigor, se le decomisaron 11 dosis de vegetal verde con características de la marihuana y 13 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, David Jesús “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.
Pese al reporte oficial de una detención en flagrancia, familiares del detenido presentaron una versión radicalmente opuesta, a través de videos difundidos en redes sociales, denunciaron que el operativo se realizó la tarde del jueves dentro de una vivienda particular, sin presentar una orden de aprehensión y mediante el uso excesivo de la fuerza.
Los testimonios aseguran que los agentes ingresaron de forma violenta al domicilio, calificando el acto como una estafa por parte de las autoridades. “Ya son tres veces que entran a la fuerza a robarnos dinero”, manifestó un familiar directo, quien subrayó que los elementos actuaron sin mandato judicial.
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La tensión escaló durante la noche de ayer, cuando un grupo de familiares y conocidos se manifestó frente a la base de la Marina donde se encontraba recluido el imputado, exigiendo ver las pruebas legales de la detención.
Mientras la SSC mantiene su postura sobre la peligrosidad del detenido, los denunciantes exigen la intervención inmediata de organismos de derechos humanos para investigar el presunto atropello.
