Luego de que Yucatán incurrió en desacato por no aprobar su Ley de Mejora Regulatoria, ayer finalmente los diputados de la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para expedir dicha norma.
Informamos en su oportunidad que Yucatán se encuentra entre los 7 Estados del país que no han aprobado su Ley de Mejora Regulatoria, con lo que se encuentra en desacato. Cabe señalar que la Ley de Mejora Regulatoria fue emitida a nivel federal el 18 de mayo del 2018 y se dio un año de plazo para que los Estados hicieran lo propio.
Sin embargo, Yucatán sigue estancando en el tema, pero no todo es responsabilidad del Congreso del Estado, pues esta instancia recibió la iniciativa de parte del Ejecutivo tan sólo 2 días antes de que el plazo feneciera.
El Ejecutivo envió la iniciativa el 17 de mayo de este año, por lo que prácticamente, cuando se empezó el análisis, el día 19, Yucatán ya se encontraba en desacato.
Además, no se ha cumplido la propia Ley de Gobierno y Reglamento del Poder Legislativo, el cual establece que las iniciativas que se presenten deberán ser dictaminadas en los siguientes 45 días hábiles, aunque el presidente de la Comisión podrá solicitar una prórroga al Congreso hasta por un término igual, pero en este caso no se hizo.
Tres cambios
Ahora, una vez aprobado el tema en la Comisión deberá pasar al pleno para que tenga validez, lo cual se dará en próxima sesión.
El diputado Víctor Sánchez Roca (PAN) detalló tres cambios importantes a la iniciativa del Ejecutivo estatal: el integrar al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria un representante de un municipio mediano y otro de uno pequeño, además de Mérida, como lo proponía la propuesta original, para incentivar un sistema en la materia con mejor infraestructura para todos los Ayuntamientos.
Además de los espacios para la sociedad civil, se especifica que uno de los cuatros puestos sea para el sector obrero, en especial por los temas de tramitología y su seguridad social; así como de brindar dos sitios más de los tres ya asignados para las cámaras empresariales, para mayor representación ciudadana en el mencionado cuerpo colegiado.
En su turno, Lila Frías Castillo (PRI) señaló que la nueva ley plantea que todos somos sujetos obligados, con el objeto fundamental de facilitar los trámites que los ciudadanos realizan en las dependencias de gobierno; también resaltó el cambio de perfil en los enlaces en los Ayuntamientos e instituciones, porque en ocasiones no tenían la capacidad y competencia para implementar y difundir los procesos de mejora regulatoria.
“Por eso pedimos que los enlaces tengan la capacidad, la experiencia y, en especial, la posición dentro de la organización para llevar a cabo lo que establece la ley”, reiteró.
Labor profunda
Frías Castillo preguntó si se consideró en el estudio de la iniciativa alguna opinión vertida en el micro sitio de la página de internet del Congreso estatal por parte de la ciudadanía; en respuesta, el presidente de la Comisión, Marcos Rodríguez Ruz (PRI), contestó que no hubo registro de propuesta en dicho enlace.
Rodríguez Ruz también enfatizó que, para el análisis y dictaminación de esta propuesta, se privilegió el Parlamento Abierto que caracteriza a la LXII Legislatura, porque se brindó el espacio necesario para las cámaras empresariales y organizaciones civiles, atendiendo cada comentario, observación, propuesta y sugerencia.
“Por ello nos tomó tiempo, no quisimos hacer un trabajo a la ligera, sino un trabajo profundo que servirá para los empresarios, pero ayudará más a las micro y medianas empresas para reducir tiempos en la gestión, que ellos podrán hacer directamente”, recalcó.
Comparecencias
Ante la Comisión de Justicia y Seguridad Pública comparecieron los candidatos a magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que fueron propuestos en la terna enviada por el Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal.
Conforme a lo que marca la ley, el diputado presidente de dicha comisión, Luis Borjas Romero, dio seguimiento al procedimiento de designación para lo cual comparecieron Gabriela Gutiérrez de los Santos, Armando Agustín Aldana Castillo y Grettel Giovanna Escalante Rendis.
La primera en presentarse, Gabriela Gutiérrez de los Santos, mencionó que buscará privilegiar la solución de los conflictos, sin afectar los procesos y el derecho del trabajador, además de que no tolerará la corrupción dentro del Tribunal, por lo que buscará publicar y difundir el Código de Etica para que el actuar del funcionario público sea pulcro.
En su turno, Armando Aldana Castillo indicó que ser propuesto es una gran responsabilidad que otorga la oportunidad para construir y contribuir al Tribunal con una nueva visión y misión, en pro y para los trabajadores, por lo que al momento de consolidar y ser garante de las normas laborales se demostrará la habilidad y la capacidad de lo que manda la ley.
Por último, Grettel Escalante Rendis manifestó que se necesita contar con el personal capacitado en el Tribunal para que el trabajo se distribuya de manera correcta y cumplir con los conceptos del mismo, además de crear condiciones adecuadas para trabajar de manera coordinada con las autoridades que intervengan con los procedimientos.
Los comparecientes contaron con un tiempo de quince minutos para hablar de su experiencia curricular y laboral, así como para exponer y abordar los temas en materia de impartición de justicia, además de un plazo de otros quince minutos para contestar las preguntas que fueron formuladas por los diputados integrantes de la Comisión de Justicia.
Borjas Romero señaló que, aunque se continúa con el procedimiento de nombramiento, según la ordenanza del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, el Congreso del Estado no puede concluir la etapa de designación de un nuevo titular debido al amparo promovido por el ex magistrado César Antuña Aguilar, referente a su no ratificación en el cargo.
(David Rico)