La senadora Verónica Camino Farjat acudió ayer a la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secogey), así como a la Vicefiscalía Anticorrupción en la FGE, para entregar oficios en los que proporciona sus datos y domicilio para oír y recibir notificaciones, con el objeto de coadyuvar en cualquier investigación que lleve a cabo el Gobierno del Estado sobre el período en que fungió como directora del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey).
La semana pasada, la senadora presentó ante el pleno del Senado un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a no firmar con el Gobierno de Yucatán convenio alguno para el cobro del derecho por infraestructura tecnológica, dado que no se encuentra facultada para el cobro de contribuciones en materia fiscal.
Horas más tarde, diversos portales difundieron una nota en la aseguraban que “la Contraloría presentará una denuncia por presuntos malos manejos en el Cepredey, durante el período en que Camino Farjat fungió como directora e incluso se le citaría a declarar”.
De manera inmediata, a través de las redes sociales, la senadora respondió: “Cuando quieran, ahí estaré”, e incluso ofreció dar asesorías en materia de prevención social del delito; sin embargo, para hacer el ofrecimiento de colaboración de manera formal, ayer a primera hora acudió a la Secogey y a la Vicefiscalía Anticorrupción para entregar los oficios respectivos.
Hace 15 días, la senadora dio a conocer su postura sobre el paquete económico de Yucatán a través de 7 videos que difundió en sus redes sociales y en congruencia, la semana pasada, ante el pleno del Senado, abordó el tema y se refirió de manera particular al derecho por infraestructura tecnológica, que prevé que las y los yucatecos paguemos por las cámaras de seguridad pública ubicadas en Mérida y en carreteras del Estado.
Hay dos empréstitos
Destacó que el exhorto a la CFE para no firmar dicho convenio se debe a que hay dos empréstitos para Seguridad Pública en el Estado, el último aprobado en la actual administración de Vila Dosal, con el objetivo de pagar por equipamiento, que incluye las cámaras; además de que en el presupuesto federal 2019 la cifra para el Fondo de Seguridad Pública fue de 165 millones y, en el presupuesto 2020, aparece la leyenda “No disponible”, porque éste puede cambiar.
Agregó que, en el balance de aportaciones y participaciones, así como en el apartado de convenios y reasignaciones, se encuentra un aumento global de 300 millones de pesos para el año 2020.
Finalmente dijo que la CFE es una empresa productiva propiedad del Gobierno Federal, facultada para dar servicios, por lo que exclusivamente puede cobrar la contraprestación respectiva; es decir, no se encuentra conceptualizada ni clasificada en el Código Fiscal de la Federación, por lo que con fundamento en su propia ley y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica vigente, la CFE carece de facultades para el cobro de contribuciones en materia fiscal, como lo será el derecho por infraestructura tecnológica de seguridad recién aprobado en Yucatán.