Amenazas, hostigamiento y difamación conforman los ataques que han experimentado protectores del territorio pertenecientes a comunidades como Ixil, Sisal, Dzinup, Molas, entre otros, de acuerdo a lo dado a conocer por el activista Sergio Oceransky, director de la fundación Yansa A.C., durante una rueda de prensa presentada frente a Palacio de Gobierno en compañía de los representantes de las comunidades.
Oceransky, señaló que durante las últimas seis semanas, miembros de su equipo y él han experimentado situaciones de hostigamiento a través de redes sociales, mismas que han escalado en los últimos días. “Tenemos evidencia que hemos presentado en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y también ante la CONAPRED de que personas que escriben diciendo que son de Ciudad Maderas, no sabemos si son de Ciudad Madera o no, y que están ofreciendo dinero, en un caso 40 mil pesos, en otro caso pagos variables, dependiendo de cuánta gente llegue y demás, para una marcha con el fin de básicamente atacarme a mí personalmente”, puntualizó.
Entre las amenazas que recibió el abogado en línea, previo a la convocatoria de la marcha en su contra, incluyeron frases como: “Pena de muerte o fusilamiento”, “que los corran”, “que los maten, esos se merecen esos desgraciados abusivos”, “que los ajusticien en a la plaza pública”, “que le partan la cara”, entre muchas otras ofensas. Asimismo, acotó que su equipo también ha denunciado casos de vigilancia con cámaras por parte de personas que ya han sido identificadas presentadas ante las autoridades correspondientes.
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Representantes de comunidades mayas de Yucatán denuncian hostigamiento, difamación y amenazas
Si bien, el activista señaló que ha recibido ataques similares desde 2019, la situación actual ya ha escalado tras la suspensión definitiva de un proyecto inmobiliario por parte de la Profepa en la comunidad de Ixil a finales del mes de octubre. Desde entonces, la situación ha derivado en constantes amenazas, difamación a través de redes sociales y hostigamiento a quienes acompaña en la defensa del territorio.
En cuanto a su situación legal, señaló que la denuncia fue enviada a la Conapred a inicios de esta semana y fue turnada a la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado jueves. Ahora, la instancia estatal cuenta con cinco días para emitir las medidas que tomará para proteger la integridad de su persona. Asimismo, responsabilizó tanto a los instigadores de las amenazas como a la Fiscalía en caso de que sufra algún daño a su integridad mientras no se emitan medidas cautelares.