La comisaría costera de Sisal no enfrenta los estragos de la marea roja que ha teñido sus costas, sino que lidia con un conflicto interno mayor que podría afectar a decenas de familias: la venta ilegal de lotes en plena zona federal marítimo-terrestre, aseguraron habitantes de la comunidad.
Consideraron que esta práctica representa un riesgo económico y legal para quienes caigan en el engaño, explicaron, pues toda transacción sobre terrenos federales carece de validez jurídica.
Vecinos de esta localidad costera han exhibido planos de lotificación que circulan entre supuestos compradores, donde se observa la división de terrenos en la duna costera con precios establecidos. Estos documentos muestran un fraccionamiento sistemático del área que va desde la línea de vegetación hasta zonas cercanas a la playa, terrenos que, por ley, pertenecen al patrimonio nacional y no pueden venderse de forma privada.
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El panorama empeora, aseguraron, con la instalación de unas 180 palapas a lo largo de la franja costera, de Oriente a Poniente, en lo que pobladores denuncian como una invasión masiva de territorio federal.
Mientras tanto, los lotes ofrecidos en venta corresponden a la vegetación de duna costera más hacia tierra, y de concretarse las operaciones, implicaría la tala masiva de esta barrera natural, poniendo en riesgo irreparable al ecosistema.
En el ojo del huracán se encuentran el excomisario municipal Miguel Antonio Ek, el actual comisario Joaquín Galaz, y Carlos Gerardo Lalo Chocho, quienes, según testimonios, convocaron recientemente a personas que obtuvieron terrenos en administraciones anteriores.
Chocho habría donado públicamente lotes asegurando tener una concesión, quedándose sólo con dos para sí; sin embargo, ahora afirma poseer títulos de propiedad que no ha mostrado públicamente y que, de existir, serían nulos por ley.
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Las autoridades federales han reiterado que la zona marítimo-terrestre no puede ser titulada y que únicamente se otorgan concesiones bajo estrictas regulaciones. Quienes compren estos terrenos no sólo perderán su dinero, sino que podrían enfrentar sanciones legales.
La Semarnat y la Profepa ya han intervenido antes en Sisal, ordenando el retiro de construcciones ilegales, como la palapa que Chocho instaló junto al muelle sin permisos ambientales.
Pobladores exigen que las instancias federales investiguen a fondo estas transacciones y las actividades de los involucrados, pues el caso no sólo compromete la integridad del ecosistema, sino que también podría convertirse en un fraude masivo contra ciudadanos.
La preservación del patrimonio natural y la protección de los habitantes dependen ahora de la capacidad de respuesta de las autoridades.
