
Yucatán se enfrenta a un envejecimiento poblacional acelerado, con más de 292 mil adultos mayores y una creciente pobreza que golpea a más del 30% de este sector. La falta de acceso a pensiones formales, educación incompleta, servicios de salud limitados y el abandono familiar configuran un panorama que pone en riesgo la calidad de vida de quienes construyeron la sociedad actual. El reto es mayúsculo: transformar políticas públicas para garantizar que envejecer sea un derecho, no un privilegio.
Más del 30 por ciento de las personas de 65 años o más viven en situación de pobreza, según el informe Pobreza y personas mayores en México, elaborado por el desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta cifra ubica al estado en un nivel medio de incidencia, pero revela desafíos persistentes en el acceso a derechos básicos como salud, seguridad social, educación e ingresos dignos para este grupo etario.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra de adultos mayores —personas de 60 años o más— pasó de 196,474 en 2010 a 292,851 en 2020, un incremento del 32.9%. Para el 2030, se estima que más de 250 mil personas tendrán esta edad, y el estado se posicionará entre los primeros cuatro en el país con mayor porcentaje de población adulta mayor.
En Mérida, la situación es aún más palpable: 14.3% de la población corresponde a adultos mayores, superando la media nacional del 8%.
La pobreza y la exclusión social
Aunque Yucatán aparece como un estado con incidencia media en pobreza de adultos mayores, la realidad es que más del 30% vive en condiciones precarias, según el informe. Esta cifra refleja desigualdad estructural, que tiene raíces en décadas de exclusión laboral, educativa y social.

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El rezago educativo afecta a casi la mitad de este grupo (49%), y tiene impacto directo: 59.1% de los adultos mayores sin educación básica completa viven en pobreza, contra 33.5% de quienes sí concluyeron sus estudios.
Además, la dependencia económica sigue siendo un problema grave. Más de la mitad depende exclusivamente de la Pensión para el Bienestar (6 mil 200 pesos bimestrales), ayuda insuficiente para cubrir medicinas, atención médica y alimentación. Sólo un tercio cuenta con pensión contributiva, y menos del 10% percibe ingresos por trabajo asalariado.
Tres de cada diez adultos mayores permanecen activos laboralmente, no por elección sino por necesidad. La mayoría trabaja por cuenta propia en condiciones precarias, sin contratos ni prestaciones, y con riesgos para su salud. Paradójicamente, la pobreza es más alta entre quienes laboran (44.6%) que entre quienes están retirados (34.8%), lo que revela un sistema laboral que no garantiza un retiro digno y empuja a las personas a continuar esforzándose hasta la vejez.
La otra cara del envejecimiento
Un informe del Centro de Investigaciones Regionales (CIR) de la UADY señala que el 18% de los adultos mayores en Yucatán viven en abandono económico, laboral y emocional: están solos y sin apoyo familiar.
Además, según el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, 7 de cada 10 adultos mayores en el estado padecen depresión. La falta de redes de apoyo, sumada a carencias en políticas públicas y servicios de salud, agrava su aislamiento y vulnerabilidad.

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Salud y servicios insuficientes
El envejecimiento de la población ha puesto en evidencia la insuficiencia del sistema de salud. A pesar de avances en infraestructura, la saturación, falta de movilidad y desinformación limitan el acceso de los adultos mayores a servicios básicos.
El aumento de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, que han crecido un 71.5% en el último año, representa un reto adicional para el sistema.
Especialistas advierten que las políticas públicas actuales se limitan a la entrega de pensiones sin atender la compleja realidad social y familiar de las personas mayores.
Tendencia irreversible
El envejecimiento es una tendencia irreversible, y en Yucatán urge un cambio de enfoque: no basta con entregar apoyos económicos, sino garantizar entornos accesibles, fortalecer el sistema de salud y asegurar que la seguridad social sea un derecho universal.
La investigadora Gina Villagómez Valdez advierte que los jóvenes no se preparan para la vejez, y que el sistema no ofrece garantía alguna de pensión o jubilación digna.
El gran reto para Yucatán será revertir décadas de desigualdad y exclusión para que envejecer deje de ser un privilegio para convertirse en una realidad digna para todos.