La denominada Ley Alina registró un avance en el Congreso del Estado con la aprobación de su dictamen, el cual propone reformas al Código Penal para incorporar la legítima defensa con perspectiva de género en casos específicos.
La iniciativa, presentada a finales del año pasado, busca evitar la criminalización automática de mujeres que, tras enfrentar violencia física, sexual o intentos de feminicidio, privan de la vida a su agresor, mediante una valoración previa del contexto de violencia en el que ocurrieron los hechos.
El dictamen establece que, para el análisis de estos casos, deberán considerarse elementos como los antecedentes de agresión, el entorno familiar o doméstico y las condiciones de desigualdad que caracterizan las relaciones de violencia de género.
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Con ello, se plantea que los procesos judiciales adopten un enfoque integral y diferenciado, evitando la aplicación rígida de los mismos criterios utilizados en otros delitos, cuando existen contextos de vulnerabilidad y violencia sistemática.
Durante la discusión del dictamen, se destacó la necesidad de armonizar la legislación local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuenta con un manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal.
La iniciativa quedó incorporada al Código Penal de Yucatán como parte de un proceso de revisión normativa orientado a atender casos complejos de violencia familiar y de género, y a fortalecer la actuación de las instancias judiciales.
