La administración municipal encabezada en el municipio de Progreso por el exalcalde Julián Zacarías Curi dejó un presunto quebranto a las finanzas públicas superior a los tres millones de pesos (mdp).
Lo anterior, derivado de una cadena de irregularidades que van desde nóminas fantasma hasta pagos por insumos y apoyos sociales sin respaldo documental.
Así lo estableció la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), que detectó estas anomalías durante la revisión de los últimos meses del segundo periodo del exedil al frente del Ayuntamiento de Progreso.
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Pagos efectuados a empresas fantasma
El organismo fiscalizador documentó pagos por más de dos millones de pesos relacionados con nómina y transferencias a una empresa recolectora de basura, sin que el Ayuntamiento presentara los comprobantes que acreditaran la legalidad y destino de esos recursos.
La ASEY también evidenció el desembolso de 530 mil pesos en refacciones y accesorios para vehículos oficiales, pero sin contratos, pedidos ni documentación que justificara la adquisición, lo que impide confirmar si los productos fueron realmente entregados o utilizados.
A esto se suma un gasto de más de 319 mil pesos en materiales de construcción, igualmente sin respaldo documental que permitiera conocer el proveedor, las condiciones de compra o el destino final de los insumos.
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Ayudas sociales sospechosas
Uno de los rubros más delicados corresponde a 507 mil pesos reportados como ayudas sociales, de los cuales no existen solicitudes, recibos oficiales ni evidencia que permita identificar a los beneficiarios, lo que deja en duda el uso real de esos recursos públicos.
Estas irregularidades forman parte de un patrón que, según la ASEY, provocó un daño patrimonial que supera los tres millones de pesos, una cifra que pone bajo escrutinio el manejo financiero del Ayuntamiento durante el cierre de esa administración.
El caso se suma a la lista de observaciones realizadas a gobiernos municipales en el estado, en medio de los esfuerzos por reforzar la fiscalización y combatir el uso indebido de recursos públicos.
