La Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que reforma el Código Penal de Yucatán para fortalecer la reparación del daño en los casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
La propuesta, impulsada por la fracción legislativa de Morena, busca ampliar las medidas legales para garantizar la protección de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad que dependen de pensiones alimentarias para su subsistencia.
De acuerdo con el dictamen, se reforman los artículos 33 y 221 del Código Penal del Estado para que, en los casos de incumplimiento de asistencia familiar, la reparación del daño no se limite únicamente al pago de las pensiones alimenticias vencidas. Se pretende que la autoridad judicial cuente con mayores elementos para garantizar una restitución más amplia a favor de quienes han visto afectados sus derechos por la falta de cumplimiento de estas obligaciones.
El documento establece que el órgano judicial también deberá considerar los gastos, deudas u obligaciones que hayan sido contraídas por las personas acreedoras alimentarias o por sus representantes legales durante el período en que persistió el incumplimiento.
Asimismo, se contempla la posibilidad de incluir dentro de la reparación del daño todos los gastos que se hubieran generado por asesoría jurídica particular, siempre que estos puedan acreditarse ante la autoridad judicial. Esta disposición busca reconocer que, en muchos casos, las personas afectadas deben recurrir a servicios legales privados para exigir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, lo que representa una carga económica adicional.
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Por otra parte, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán.
Ahora se le denominará Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias del Estado de Yucatán, es decir, simplemente se le adicionó una letra s a la palabra Violencia.
El dictamen presentado, que integra dos iniciativas a cargo de las diputadas Naomi Raquel Peniche López y Clara Paola Rosales Montiel, de Morena, propone incorporar y reforzar los principios de interseccionalidad, interculturalidad, enfoque diferencial y debida diligencia, reconociendo la diversidad de realidades que enfrentan las mujeres y la necesidad de garantizar mecanismos de protección más integrales.
