Cuatro Alertas Amber en una semana despiertan la conciencia ante más de 600 menores reportados como desaparecidos
En siete días, Yucatán activó al menos cuatro Alertas Amber. Daffne Guadalupe Pech Dzib, de 12 años, desaparecida el 17 de abril en Motul. Gema Naomy Tah Canul, de 17 años, reportada en Tizimín el 18 de abril. El lunes 20, una niña de 13 años cuyo caso se difundió por la mañana. Y en paralelo, el caso de Azharia Tamryn Noble, joven estadounidense de 15 años desaparecida en Ciudad Caucel, Mérida, desde agosto de 2025 –su Alerta Amber fue formalizada apenas el 17 de abril de 2026, ocho meses después de su desaparición.
Este último dato es revelador: la denuncia formal y la activación del protocolo se hicieron casi un año después de la desaparición. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Quién le falló a Azharia? Aún no hay explicaciones públicas.
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Una curva sin freno
Los registros de la Fiscalía General del Estado (FGE), muestran una curva de crecimiento sin precedente. En el 2019, el sistema registró 27 activaciones de Alerta Amber o prealertas. En el 2024, llegaron a 217. En total, entre enero de 2019 y febrero del 2025, 646 niñas, niños y adolescentes fueron reportados desaparecidos en el estado.
Mérida concentra el mayor número: 116 de los 249 casos registrados en 2024 corresponden a la capital. Pero la presencia creciente de municipios del interior —Kanasín, Tizimín, Valladolid, Tekax, Progreso, Motul, Izamal, Ticul, Umán— indica que el problema no es exclusivo de zonas urbanas y se extiende por una red más compleja de factores sociales.
Una de las aristas más perturbadoras del fenómeno es la desaparición de menores desde instituciones de resguardo. El DIF Yucatán registró 616 ingresos de niñas, niños y adolescentes a centros de asistencia social entre el 2019 y el 2025. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes confirmó que sí existen casos de ausencias no autorizadas desde estas instituciones. Las principales son Progreso Amigo C.A.C., Proyecto Amigo C.A.C. y el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede).
La red detrás de los números
El 11 de abril pasado la Fiscalía General de la República detuvo en el municipio de Kanasín a Josué Raúl “N”, acusado de trata de personas agravada en la modalidad de explotación sexual de menores. La investigación comenzó en noviembre del 2025, a partir de una denuncia internacional: la embajada de Australia en México alertó sobre material de abuso sexual infantil producido en Yucatán y compartido en redes en julio del 2023.
Según el fiscal especial Ulises Lara López, el detenido habría utilizado redes sociales durante aproximadamente diez años para contactar, persuadir y explotar a niñas, niños y adolescentes, comercializando el material producido. El operativo, coordinado con las secretarías de Seguridad y de Marina, aseguró teléfonos, tabletas, tarjetas SIM y memorias digitales. El imputado quedó en prisión preventiva.
Este caso conecta dos fenómenos que las estadísticas tienden a tratar por separado: las desapariciones de menores registradas en alertas y la explotación sexual infantil organizada a través de plataformas digitales. La pregunta inevitable es cuántos casos de “menores no localizados” en el sistema de alertas tienen en realidad un victimario detrás de una pantalla.
Las causas estructurales
El análisis sistemático de los datos apunta a un conjunto de factores que se repiten en los casos documentados. No son aleatorios ni individuales: son estructurales.
Entre ellos destacan: pobreza y falta de oportunidades en colonias periféricas de Mérida y municipios del interior; violencia doméstica y entornos familiares que expulsan a los menores; vulnerabilidad digital: adolescentes con acceso a internet pero sin educación sobre riesgos en línea.
Otros aspectos son la reincidencia no atendida: menores que desaparecen más de una vez sin que el sistema investigue las causas; demoras institucionales: en el caso de Matías Eliam Padilla, de 12 años, sustraído por su padre en febrero, la madre denunció el mismo día, pero la Alerta Amber tardó en activarse. Y también fallas en los albergues: ausencias no autorizadas desde instituciones de resguardo sin protocolos claros de seguimiento.
Lo que buscan las familias
Clara María Gutiérrez Centeno, del colectivo Madres Buscadoras de Yucatán, ha sido directa en sus demandas: reconocimiento institucional de la magnitud del problema, coordinación real entre la Fiscalía, el DIF y los municipios, y seguimiento efectivo de casos donde el menor fue localizado pero los factores de riesgo no desaparecieron.
En el contexto nacional, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remitió el 2 de abril pasado la situación de México a la Asamblea General –la primera vez en la historia que este mecanismo se activa contra un país–, indicando posibles indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas que podrían configurar crímenes de lesa humanidad. Yucatán no es el epicentro de esa crisis, pero tampoco está exento de sus causas.
