En una audiencia celebrada el pasado 14 de abril, autoridades judiciales aprobaron la suspensión condicional del proceso penal contra tres personas imputadas por la remoción ilegal de vegetación costera en Sisal, comisaría de Hunucmá, en Yucatán.
La resolución establece que los acusados evitarán la prisión si cumplen con un programa integral de reforestación y reparación del daño ambiental, bajo supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Reforestación obligatoria en Sisal: más de 4,800 plantas nativas
Como parte del acuerdo, los imputados deberán ejecutar acciones para restaurar un polígono de 40,394 metros cuadrados (4.3 hectáreas), afectado por el desmonte ilegal de vegetación de duna costera, matorral y manglar.
El plan contempla la siembra de 4,800 plantas nativas, con una densidad de 1,200 por hectárea, además de un 20% adicional como “colchón” para garantizar una supervivencia mínima del 90%.
Entre las especies que deberán reintroducir destacan:
- Mangle botoncillo (Conocarpus erectus), protegido por la NOM-059-SEMARNAT
- Palma chit (Thrinax radiata)
- Uva de mar (Coccoloba uvifera)
- Anacahuita (Cordia sebestena)
- Riñonina (Ipomoea pes-caprae)
- Verdolaga de mar (Sesuvium portulacastrum)
- Altanisa de mar (Ambrosia hispida)
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Las labores incluirán adquisición de plantas, apertura de cepas, reforestación, riego, mantenimiento, reposición, monitoreo e informes técnicos.
Daño ambiental y delito federal
El caso se originó por la tala y desmonte ilegal en terrenos ganados al mar, considerados propiedad de la nación. Estas acciones están tipificadas en el artículo 418 del Código Penal Federal, con sanciones que van de seis meses a nueve años de prisión.
Además del impacto ecológico, las actividades ilegales en Sisal generaron riesgos como la especulación inmobiliaria y el crecimiento de desarrollos irregulares en zonas altamente sensibles.
Intervención de autoridades y clausuras
Desde el 25 de febrero de 2025, la Profepa realizó cuatro inspecciones y clausuró igual número de predios, que en conjunto abarcan las 4.3 hectáreas afectadas. Posteriormente, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que derivó en la vinculación a proceso de los tres responsables.
Estas acciones permitieron frenar tanto el desmonte como la lotificación irregular en la zona costera.
Condiciones: vigilancia, trabajo y educación ambiental
La suspensión condicional del proceso estará vigente por cinco años, periodo en el cual los imputados deberán:
- Mantener un empleo lícito
- Residir en el domicilio registrado
- Someterse a vigilancia mensual
- No reincidir en delitos ambientales
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Asimismo, deberán desarrollar 12 materiales audiovisuales en un año para concientizar a la población sobre el daño ambiental y sus consecuencias legales, los cuales serán supervisados por la Profepa.
Acciones integrales y enfoque comunitario
De forma paralela, se abrieron cuatro expedientes administrativos y se promovieron mesas de diálogo entre autoridades federales, estatales y municipales, junto con la comunidad de Sisal.
El 25 de septiembre de 2025 se firmó un Memorándum de Entendimiento para fortalecer la protección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), con participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otros actores.
Además, el 22 de octubre se realizó un taller comunitario para diseñar estrategias de restauración de dunas costeras, mientras que en marzo de este año se llevó a cabo una jornada interinstitucional con apoyos sociales como ambulancia, programas para pescadores y mejoras educativas.
Prioridad: restaurar ecosistemas y atender lo social
Las autoridades señalaron que el objetivo principal es garantizar la reparación integral del daño ambiental, proteger los ecosistemas costeros de Sisal y, al mismo tiempo, atender las necesidades sociales de la comunidad.
En caso de incumplimiento de las condiciones, el proceso penal será reanudado conforme a la ley, lo que podría derivar en sanciones de carácter penal para los implicados.
