Vivir en Yucatán –uno de los estados con mayor crecimiento económico del país, vitrina turística del Sureste mexicano y destino de inversiones millonarias‒ no es sinónimo de igualdad de trato. Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), elaborada conjuntamente por el Inegi, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Yucatán encabeza la lista de las entidades con mayor porcentaje de población adulta que declaró haber sido víctima de discriminación, con 32.1%, por encima de Puebla (30.6%), Querétaro (30.5%), la Ciudad de México (29.6%) y Jalisco (27.1%).
El número no es menor: significa que casi uno de cada tres yucatecos mayores de 18 años ha experimentado algún trato diferenciado e injusto. A nivel nacional, el promedio es de 23.7%, y las mujeres resultaron ligeramente más afectadas que los hombres, con 24.5% frente a 22.8%. Yucatán supera ese promedio nacional en casi nueve puntos porcentuales, una brecha que no puede atribuirse al azar.
Enrique Ventura Marcial, director general adjunto de Quejas del Conapred, expuso estas cifras durante una exposición sobre derechos humanos y políticas antidiscriminatorias, y fue categórico al señalar el fondo del problema: “La discriminación es un problema estructural porque la vivimos en la familia, en la escuela, en el trabajo y en el ámbito social. También porque todos podemos ser sujetos de discriminación, pero también potencialmente discriminadores”.
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La advertencia del funcionario federal no es retórica. Implica reconocer que la discriminación no ocurre únicamente en lugares visibles o en actos evidentes, sino que se reproduce cotidianamente en los espacios más íntimos de la vida social yucateca.
El peso de ser maya, mujer, joven o simplemente diferente
Para entender por qué Yucatán lidera este ranking, es necesario considerar el tejido social y cultural del estado. Con una de las poblaciones indígenas más numerosas del país, la discriminación por origen étnico representa una carga histórica que persiste hasta nuestros días. Según datos de la Enadis 2022, el 5.17% de la población yucateca de 18 años o más fue discriminada por ser indígena o afrodescendiente, colocando a Yucatán en el primer lugar con mayor porcentaje a nivel nacional en ese rubro.
Esta discriminación étnica tiene consecuencias concretas y medibles. Un informe del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet, 2023) revela que el racismo limita el acceso a la justicia de las comunidades mayas en Yucatán. La barrera no es solo económica o geográfica: es lingüística e institucional. De acuerdo con el director de Patrimonio de la Secretaría de Cultura estatal, se requieren al menos 53,000 intérpretes y traductores mayas para cumplir con la norma que establece que el 10% de la población hablante debe contar con esos servicios. Una deuda enorme, todavía pendiente.
Pero la discriminación en Yucatán no se limita al origen étnico. A nivel nacional, los principales motivos de discriminación reportados fueron la forma de vestir o arreglo personal (30.6%), el peso o estatura (27.5%), las opiniones políticas (24.6%), el género (23.7%) y la manera de hablar (21.6%). En el estado, donde convergen una fuerte identidad regional, tradiciones arraigadas y una sociedad en rápida transformación por la migración y el turismo, estos factores se multiplican e interactúan.
El funcionario del Conapred subrayó que la discriminación puede agravarse cuando se suman varias condiciones de vulnerabilidad al mismo tiempo: ser mujer indígena con discapacidad, por ejemplo, o ser una persona mayor que habla maya en un entorno urbano. A este fenómeno se le conoce como interseccionalidad, y es, según Ventura Marcial, uno de los aspectos que más complica el diseño de políticas públicas efectivas.
Las denuncias: la punta del iceberg
Uno de los datos que más preocupa a las autoridades federales es la enorme diferencia entre la cantidad de personas que dicen haber sido discriminadas y las que deciden interponer una queja formal. Desde el 2018, el Conapred ha recibido alrededor de 1,200 quejas formales en todo el país, la mayoría concentradas en la Ciudad de México. Los otros estados –incluido Yucatán‒ presentan números considerablemente más bajos, pero eso no significa que la discriminación sea menor. Significa, según el propio Ventura Marcial, que se denuncia menos.
“Mucha gente no denuncia por miedo o porque desconoce que existen mecanismos de protección”, afirmó el funcionario. El círculo es perverso: sin denuncias, no hay estadísticas precisas; sin estadísticas, las políticas públicas carecen de sustento real; sin políticas públicas efectivas, la discriminación continúa operando en silencio.
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Este subregistro tiene causas múltiples. En comunidades indígenas, la desconfianza hacia las instituciones del Estado –forjada durante décadas de exclusión‒ disuade a quienes podrían presentar quejas. En entornos laborales, el temor a perder el empleo actúa como un freno. En familias y comunidades cerradas, el estigma social impide que las víctimas hablen. Y en todos los casos, el desconocimiento de que existen organismos como el Conapred, gratuitos y accesibles, contribuye al silencio.
El representante del organismo insistió en que contar con registros y denuncias no es un mero ejercicio burocrático, sino una herramienta fundamental para que el gobierno pueda diseñar respuestas basadas en casos reales y no únicamente en reformas legislativas de carácter general.
Leyes que discriminan sin quererlo
Uno de los planteamientos más técnicos –pero de consecuencias muy prácticas‒ que expuso Ventura Marcial tiene que ver con lo que se denomina discriminación indirecta. Se trata de normas que, a primera vista, parecen aplicarse por igual a toda la población, pero que en la práctica terminan perjudicando de manera desproporcionada a ciertos grupos.
Un ejemplo clásico: una empresa que exige “buena presentación” como requisito de contratación puede estar excluyendo sistemáticamente a personas con rasgos físicos indígenas, aunque nunca lo diga explícitamente. O una política pública que requiere documentación formal puede dejar fuera a quienes viven en comunidades rurales sin acceso a trámites administrativos. La norma es aparentemente neutral; el efecto, discriminatorio.
El funcionario federal señaló que uno de los grandes retos del país es avanzar en la armonización legislativa: revisar las leyes existentes para identificar cuáles generan estos efectos ocultos y corregirlos antes de que sigan causando daño. En Yucatán, donde la brecha entre la población urbana y las comunidades mayas sigue siendo pronunciada, este desafío es especialmente urgente.
El Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 del Gobierno de Yucatán contempla entre sus acciones sancionar actos de discriminación contra comunidades mayas en el ámbito laboral y crear talleres sobre no discriminación y reconocimiento de la cultura y tradiciones indígenas. Sin embargo, la distancia entre los objetivos plasmados en documentos oficiales y la realidad cotidiana que miden las encuestas nacionales sigue siendo amplia.
Un problema que compete a todos
La advertencia de Enrique Ventura Marcial tiene un destinatario que incomoda: no sólo el gobierno, no sólo las empresas, no sólo las instituciones. La discriminación, dice el funcionario, ocurre también en la familia, en la escuela, en la calle. Es un problema que involucra a la sociedad completa y que ningún decreto puede resolver por sí solo.
Para Yucatán, liderar este indicador negativo en un momento de auge económico y proyección internacional debería ser una señal de alerta. El crecimiento que se celebra en las cámaras empresariales y en los foros de inversión convive, según los datos oficiales, con una sociedad donde casi uno de cada tres adultos ha sido tratado de manera injusta por lo que es, por cómo se ve o por el idioma que habla.
Denunciar, informarse y exigir políticas públicas con enfoque diferenciado son, según el Conapred, los primeros pasos para revertir una tendencia que las cifras han dejado al descubierto. El camino es largo; el primer paso, reconocer que el problema existe.
