Para una mujer que decide romper con un entorno violento, cada día de trámite pendiente puede ser el margen entre sostener la decisión o volver atrás. Con ese cálculo de por medio, la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) redujo a cinco días hábiles el plazo para entregar los apoyos económicos a víctimas directas e indirectas de violencia de género, una vez que la solicitud ha sido aprobada.
La medida quedó formalizada en el Acuerdo Semujeres 03/2026, publicado el 30 de junio en el Diario Oficial del Estado, que además establece un máximo de 12 días hábiles para resolver –aprobar o rechazar– las solicitudes de ingreso al programa. Se trata de la actualización más reciente de las reglas de operación del esquema de apoyos, vigente desde años anteriores bajo distintas versiones del acuerdo.
Un trámite más corto
De acuerdo con los nuevos lineamientos, el respaldo económico puede destinarse al pago de hasta tres meses de renta de una vivienda –un tope de 7,500 pesos, equivalentes a 2,500 mensuales–, así como a gastos de alimentación, atención médica y traslados, con el fin de que las víctimas puedan alejarse de un entorno de violencia sin que la falta de recursos sea un obstáculo. El monto total de apoyo por beneficiaria puede llegar hasta 40 mil pesos durante el ejercicio fiscal.
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Al respaldo monetario se suma la entrega de alimentos, artículos de higiene personal, medicamentos, ropa, calzado, mobiliario básico, boletos de transporte y hospedaje temporal, dirigidos principalmente a quienes reciben atención jurídica, psicológica o de trabajo social. Las reglas de operación priorizan a mujeres embarazadas, con discapacidad, adultas mayores, migrantes, integrantes de pueblos indígenas y habitantes de municipios con alta marginación.
Por qué importa el tiempo
¿Qué cambia, en términos prácticos, que el trámite tarde días y no semanas? La violencia económica –el control del dinero, la vivienda o el acceso a recursos básicos por parte del agresor– es, de acuerdo con especialistas en el tema, una de las principales razones por las que las mujeres no logran romper con una relación violenta. Sin ahorros propios, sin ingresos independientes y, muchas veces, con el temor de quedarse sin techo si la vivienda está a nombre del agresor, buena parte de las víctimas termina regresando al entorno de violencia simplemente porque no tiene con qué sostenerse mientras encuentra una alternativa.
Acortar el plazo de entrega no resuelve esa dependencia económica de fondo, pero sí reduce la ventana de vulnerabilidad inmediata: entre el momento en que una mujer decide salir y el momento en que recibe el dinero para pagar una renta o comprar alimentos, hay menos días en los que la necesidad pueda empujarla de vuelta con su agresor.
En ese margen –el de una decisión que a menudo se toma en medio de una crisis y que puede revertirse si no hay recursos para sostenerla– es donde Semujeres ubica el sentido de la reforma.
“Ningún apoyo económico compensa el dolor y las secuelas que deja la violencia”, afirma la titular de Semujeres, Sisely Burgos Cano, al insistir en que ninguna mujer está sola frente a un caso de agresión. Burgos Cano señala que la modificación busca reducir los tiempos de espera para quienes deciden salir de una situación de violencia y requieren apoyo inmediato para cubrir necesidades básicas.
Las solicitudes pueden presentarse directamente en las oficinas de Semujeres o en cualquiera de los 45 Centros Libre distribuidos en Yucatán, donde se ofrece atención jurídica, psicológica y de trabajo social. Según cifras de la propia dependencia, hasta ahora en el 2026 el apoyo para renta ha llegado a 130 beneficiarias en ocho municipios, entre ellos Mérida.
La puerta de entrada
La violencia dentro del hogar continúa siendo la principal vía de acceso de las mujeres a los servicios de apoyo en Yucatán. Cada mes, Semujeres brinda más de 1,800 atenciones, de las cuales alrededor de 300 corresponden a mujeres que acuden por primera vez en busca de orientación, protección o acompañamiento especializado.
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Aunque la cobertura se extiende a los 106 municipios del estado, Mérida concentra la mayor parte de las solicitudes, debido a que reúne la mayor población y la mayoría de las instituciones especializadas en atención a víctimas.
Los primeros acercamientos están relacionados, sobre todo, con asesoría jurídica y atención psicológica, los servicios de mayor demanda entre quienes deciden pedir ayuda. Sin embargo, el mayor volumen de trabajo de la dependencia corresponde al seguimiento de casos: entre 1,300 y 1,500 atenciones mensuales se destinan a mujeres que continúan procesos legales, terapias psicológicas o acompañamiento institucional para enfrentar situaciones de violencia y avanzar en la restitución de sus derechos.
La violencia familiar o doméstica sigue siendo el motivo más frecuente de consulta, de acuerdo con Burgos Cano. Dentro de estos casos predominan las agresiones físicas, aunque también son recurrentes la violencia psicológica, emocional y económica, modalidades que suelen presentarse de forma simultánea.
Un problema que se confirma
El panorama yucateco no es un caso aislado ni una anomalía local. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del Inegi, 70.1% de las mujeres mexicanas de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En Yucatán, la proporción es todavía mayor: 71.4%, según el mismo levantamiento, una cifra que colocó al estado entre las diez entidades con mayor prevalencia del país y que representó un incremento frente al 66.8% registrado en el 2016.
La violencia de pareja es una de las manifestaciones más comunes tanto a nivel nacional como estatal, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mantiene a la violencia familiar entre los delitos con mayor número de denuncias del país año con año.
Ese trasfondo estadístico es el que Semujeres invoca para justificar el ajuste normativo: si la violencia no cede, argumenta la dependencia, al menos el trámite para escapar de ella debe volverse más rápido.
Ante este escenario, Semujeres reiteró que mantiene disponibles sus servicios de orientación, atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento en todo el estado, con el propósito de ofrecer una atención integral que permita a las víctimas romper los ciclos de violencia y acceder a mecanismos de protección y justicia.
