Las dunas costeras de Chuburná Puerto, consideradas uno de los principales escudos naturales de la costa yucateca frente a los huracanes y marejadas, se convirtieron nuevamente en escenario de un conflicto ambiental.
El avance de maquinaria pesada para preparar un desarrollo inmobiliario provocó la movilización de habitantes y ambientalistas, quienes advierten que la pérdida de este ecosistema podría tener consecuencias que van mucho más allá del predio donde se construye el proyecto.
Integrantes del colectivo Salvemos Las Dunas denunciaron que el desmonte de vegetación comenzó sin que existiera una consulta previa con la comunidad, pese a tratarse de una zona de alta sensibilidad ambiental.
A través de un pronunciamiento público, exigieron la suspensión inmediata de los trabajos y una revisión exhaustiva de las autorizaciones otorgadas al proyecto turístico denominado “Las Dunas”, que contempla la intervención de más de 92 mil metros cuadrados para desarrollar torres de departamentos, áreas comerciales, vialidades, estacionamientos y amenidades.
La organización sostiene que la expansión inmobiliaria sobre el litoral norte de Yucatán ha provocado durante los últimos años una reducción constante de la vegetación de dunas, un ecosistema cuya importancia suele pasar desapercibida, pero que representa la primera línea de defensa de las comunidades costeras frente a los fenómenos meteorológicos.
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Especialistas del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), del Cinvestav Mérida y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) han documentado que las dunas costeras no sólo contienen la fuerza del viento y del oleaje durante tormentas y huracanes, sino que además fijan la arena, reducen la erosión, favorecen la infiltración del agua de lluvia hacia el acuífero y sirven de refugio para numerosas especies de flora y fauna que dependen exclusivamente de este hábitat.
Daños a la biodiversidad
En Yucatán, donde prácticamente toda el agua dulce proviene del subsuelo, la conservación de estos sistemas cobra una relevancia adicional. La remoción de la cobertura vegetal altera los procesos naturales de filtración y aumenta el riesgo de contaminación del acuífero, además de favorecer la erosión costera, uno de los problemas ambientales que más se ha intensificado en diversos puntos del litoral durante la última década.
La preocupación del colectivo también alcanza a la biodiversidad. En las dunas de Chuburná habitan dos aves cuya distribución natural se limita prácticamente a la costa norte de la Península de Yucatán: el colibrí tijereta mexicano(Doricha eliza), catalogado en peligro de extinción, y la matraca yucateca (Campylorhynchus yucatanicus), considerada especie amenazada, ambas protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT.
Para los ambientalistas, la desaparición de la vegetación compromete directamente la supervivencia de estas especies, ya que dependen de las dunas para alimentarse, refugiarse y reproducirse.
No es la primera vez que Chuburná enfrenta una disputa por este ecosistema. En años anteriores, habitantes de la comunidad se organizaron para impedir la extracción de arena en distintos puntos de la costa, al considerar que esas actividades debilitaban la barrera natural que protege al puerto de los embates del mar.
Ahora, aseguran, el riesgo proviene del acelerado crecimiento inmobiliario que se ha extendido por municipios costeros como Progreso, Chelem, Chicxulub, Telchac y Sisal, donde cada vez son más frecuentes los desarrollos turísticos y residenciales frente al mar.
Ante la falta de información pública sobre el proyecto, Salvemos Las Dunas demandó la suspensión cautelar de las obras, una auditoría ambiental independiente, la investigación de posibles responsabilidades administrativas y penales, así como un programa de restauración ecológica que permita reparar los daños ocasionados.
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También solicitó que se haga pública toda la información relacionada con las autorizaciones y los impactos ambientales acumulados en la zona.
Interviene el Gobierno
La respuesta del Gobierno del Estado llegó horas después. La administración estatal informó que solicitó formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificar que el proyecto cumpla con todas las condicionantes federales.
Precisó que, dentro de las atribuciones estatales, los dictámenes de Factibilidad Urbana Ambiental obligan a conservar 45 mil 728 metros cuadrados de humedal costero y 2 mil 880 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre, superficies que representan más de la mitad del predio, además de prohibir cualquier afectación a las especies de manglar protegidas por la NOM-022-SEMARNAT-2003.
El Ejecutivo estatal recordó que la autorización de proyectos en humedales costeros, manglares y Zona Federal Marítimo Terrestre en la entidad corresponde exclusivamente al Gobierno Federal, por lo que será la Semarnat, junto con la Profepa, la responsable de verificar que las obras se desarrollen conforme a las autorizaciones otorgadas y de sancionar cualquier incumplimiento.
Mientras las autoridades revisan el expediente, la controversia vuelve a colocar sobre la mesa uno de los mayores desafíos ambientales de Yucatán: encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico y la conservación de un ecosistema que tardó siglos en formarse y que, una vez destruido, difícilmente puede recuperarse.
Para los habitantes de Chuburná Puerto, la discusión ya dejó de centrarse únicamente en un proyecto inmobiliario; ahora gira en torno al futuro de una barrera natural que protege no sólo a la comunidad, sino a buena parte del litoral yucateco.
