Siete comunidades yucatecas llevan más de tres décadas esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine, de una vez por todas, a qué estado pertenecen. El expediente que debía resolverlo –la controversia constitucional 226/2019‒ acumula ya siete años sin sentencia, y esta semana el Congreso de Yucatán volvió a intervenir para que, mientras la Corte decide, sus habitantes no se queden sin servicios básicos.
El Poder Legislativo estatal publicó en el Diario Oficial los decretos 208 y 209, mediante los cuales ratifica que Punta Laguna, Villa Guadalupe, Campamento Hidalgo y Bolmay –vinculadas administrativamente a Chemax‒ así como Villahermosa, Cruz-Chen y San Salvador, pertenecientes a Chichimilá, forman parte del territorio yucateco, sin importar qué cartografía use cada dependencia federal para clasificarlas. Los decretos, firmados por el gobernador Joaquín Díaz Mena el pasado 17 de junio, exhortan a autoridades estatales, municipales y federales a garantizar a esta población el acceso pleno a salud, educación, seguridad y programas sociales, argumentando que sus derechos no deben depender de un litigio limítrofe que ellos no provocaron.
El texto legislativo precisa además que la cartografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es sólo una referencia técnica y administrativa, no una definición jurídica de los límites entre Yucatán y Quintana Roo.
Un conflicto que empezó en 1997
El conflicto no es nuevo. La primera controversia constitucional entre los dos estados data de 1997, cuando Quintana Roo la promovió a raíz de la creación del municipio de Calakmul; después interpuso otra contra Yucatán, pero ambas fueron archivadas por la Corte en el 2013 sin que se dictara sentencia. La disputa actual se reactivó en el 2019, cuando Quintana Roo modificó por decreto su Constitución local para redefinir el llamado Punto Put, el vértice donde convergen los límites de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Yucatán respondió presentando ante la SCJN, el 14 de junio de ese año, la controversia constitucional 226/2019, con la que impugna esa reforma y acusa a Quintana Roo de invadir su soberanía territorial.
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Los municipios yucatecos que quedaron en el centro del litigio son Chemax, Chichimilá, Tixcacalcupul, Peto, Tzucacab y Tekax. Campeche también se sumó al proceso como tercero interesado, porque un fallo sobre el Punto Put podría afectar igualmente su territorio.
El tamaño del problema no es menor: de acuerdo con la Consejería Jurídica de Campeche, la disputa territorial entre los tres estados abarca más de 10 mil kilómetros cuadrados y afecta a más de 150 comunidades de la región, una superficie equivalente a una quinta parte del territorio de Quintana Roo.
El expediente que nadie termina de resolver
El caso ha pasado por varias manos sin llegar a buen puerto. En mayo del 2023 se cerró la instrucción y el expediente quedó listo para sentencia bajo el entonces ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Pero tras la renovación completa de la Corte derivada de la elección judicial del 2025, el asunto fue reasignado a la ministra María Estela Ríos González, quien deberá elaborar el proyecto de resolución que después votará el pleno.
Que el expediente tenga ya una ponente no garantiza rapidez. El propio consejero jurídico de Yucatán, Gaspar Alemañy Ortiz, ha señalado que el proceso sigue en etapa de alegatos, sin proyecto público de resolución, y que la nueva ministra puede coincidir o no con lo que ya se había analizado. La Corte no ha fijado fecha para resolver.
Servicios federales, dos mapas distintos
El nudo práctico del problema es que, mientras el litigio sigue vivo, distintas dependencias federales usan criterios distintos para ubicar a estas comunidades, lo que se traduce en confusión –o en la práctica, exclusión‒ a la hora de asignar programas y recursos. El propio 17 de junio, el mismo día en que Díaz Mena firmó los decretos yucatecos, Quintana Roo anunció que había incorporado a Villahermosa, Cruz-Chen y San Salvador como parte del municipio de Felipe Carrillo Puerto en el catálogo de comunidades del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
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No es la primera vez que los propios habitantes intentan resolver por su cuenta la indefinición. En el 2023, el ayuntamiento de Valladolid solicitó al Instituto Nacional Electoral que Punta Laguna, Villa Guadalupe, Campamento Hidalgo y Bolmay fueran reconocidas como parte de su territorio; la petición fue negada. Ese mismo año, pobladores de Punta Laguna pidieron pertenecer al municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, solicitud que tampoco procedió. El decreto yucateco reconoce, de hecho, que estas cuatro localidades tienen una “interconexidad municipal” tanto con Chemax como con Valladolid.
Para los habitantes de la región del Punto Put –la zona donde convergen los tres estados peninsulares‒ la indefinición territorial se traduce en carencias cotidianas: fallas de electricidad, internet deficiente y transporte limitado, mientras las autoridades de uno y otro estado sólo se acercan, según relatan vecinos consultados por medios regionales, en épocas de campaña electoral.
Lo que sigue pendiente
El decreto 208 ordena notificar a los ayuntamientos de Chemax y Valladolid y a diversas dependencias estatales; el 209, enfocado en Chichimilá, instruye avisar a Inegi, al INE, a las secretarías de Hacienda y de Bienestar federales, y a otras autoridades estatales, para que ajusten sus registros conforme a la postura yucateca.
Con todo, el pronunciamiento legislativo es una postura política, no una resolución jurídica: sólo la Suprema Corte tiene la última palabra sobre a quién pertenecen estas siete comunidades. Hasta entonces, miles de familias del oriente peninsular seguirán viviendo en un territorio que dos estados reclaman como propio, sin que ninguno termine de asumir del todo la responsabilidad de atenderlas.
