El 13 de enero de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) amplió su denuncia penal contra la avícola Crío ante la Fiscalía General de la República, luego de constatar que la empresa rompió los sellos de una clausura y reubicó maquinaria asegurada en el sitio arqueológico de Tzemé, en el municipio de Kinchil.
Siete meses después, el Consejo Comunitario de Kinchil, encabezado por Federico May, denunció que Crío continúa arrojando estiércol de aves a cielo abierto en la misma zona poniente del municipio. Entre ambos episodios, la avícola levantó una granja de seis naves a menos de 600 metros del área protegida y abrió, en junio pasado, un nuevo vertedero sobre seis hectáreas de selva recién desmontada.
El expediente de Tzemé sintetiza el patrón que Crío y Bachoco sostienen desde hace más de dos años: la escalada de sanciones no detiene ni la deforestación ni el vertido ilegal de residuos avícolas sobre el territorio maya.
Patrimonio bajo excremento avícola
El expediente arrancó en noviembre de 2025, cuando Profepa inspeccionó los terrenos de Tzemé ‒un asentamiento prehispánico inventariado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a menos de 7 kilómetros de Kinchil– y confirmó cambios de uso de suelo sin autorización. El organismo colocó sellos de clausura sobre la maquinaria presente y ordenó detener cualquier obra. El propio INAH corroboró, tras una pericia de campo, que los trabajos con maquinaria pesada de Crío causaron la destrucción parcial e irreversible de plataformas y basamentos prehispánicos, por lo que emitió una orden adicional de suspensión inmediata de remoción de tierra.
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Pese a ambas resoluciones, integrantes del Consejo Comunitario documentaron que la empresa continuó los trabajos de nivelación entre diciembre de 2025 y enero de este año, en ocasiones durante la noche, para evadir la vigilancia federal. Cuando Profepa constató el incumplimiento el 9 de enero, procedió al aseguramiento precautorio de la maquinaria; en una visita posterior, uno de los vehículos apareció sin sellos y reubicado, y una retroexcavadora había desaparecido del predio. Esa manipulación de bienes asegurados motivó la ampliación de la denuncia penal ante la FGR, cuatro días después.
Ni la denuncia penal ni la doble clausura frenaron el proyecto: en el primer semestre de 2026 Crío activó la granja de seis naves junto a Tzemé y, a fines de junio, colectivos locales hallaron el nuevo tiradero de excrementos sobre monte recién desmontado. Se trata del tercer vertedero de la compañía identificado en los alrededores de Kinchil, sumado a los dos que ya operaba desde 2024 en un predio siete kilómetros al oeste del pueblo, pese a que aquellas instalaciones cargan con una clausura definitiva vigente desde junio de ese año.
Bachoco y los permisos ausentes
Mientras Crío concentra sus conflictos en Kinchil, Bachoco expande su huella hídrica sin transparencia comparable. Según el Registro Público de Derechos del Agua, la compañía tiene aseguradas en el 2026 más de 8 millones de metros cúbicos del acuífero yucateco a través de 54 concesiones vigentes, lo que la ubica entre las diez empresas con mayor volumen de explotación de agua en el estado.
En contraste, ningún permiso ambiental de la avícola figura en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal ni en la Semarnat, pese a que la ley exige ese registro cuando hay cambio de uso de suelo o riesgo al ecosistema. Solo se detectó una manifestación de impacto ambiental, correspondiente a una granja en el municipio de Peto.
La única sanción reciente contra la firma –la clausura temporal de las granjas Teya 5 y Teya 6, en la Hacienda Teya de Kanasín, dispuesta el 26 de diciembre del 2025 por 23 hectáreas de selva deforestada‒ correspondió, según un rastreo satelital con imágenes de Copernicus y Google Earth, a un desmonte ocurrido hace más de 40 años, cuando el predio pertenecía a la empresa Avícola del Sureste, absorbida por Bachoco recién en 2001.
Profepa no presentó denuncia penal por ese hallazgo y calificó la clausura como reversible. En paralelo, los inspectores no dirigieron su atención a los tiraderos clandestinos que colectivos vecinales vienen señalando desde el 2024 en Kinchil y Halachó –al menos ocho hasta la fecha‒ de los cuales Profepa solo clausuró dos en dos años.
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Hunucmá: denuncias sin respuesta
El costo social de esa expansión se concentra en Hunucmá, donde Bachoco opera más de veinte granjas dentro y en los bordes del área urbana. Una de ellas, con cerca de 100 mil pollos en engorda, funciona a menos de 50 metros de viviendas de las colonias San Eduardo y Santo Domingo, y a entre 600 y 800 metros de dos planteles educativos ‒la primaria Nachi Cocom y el jardín de niños Federico Chopin– a los que asisten alrededor de 360 niñas, niños y jóvenes.
Vecinos organizados presentaron el 7 de abril de 2026 una denuncia popular ante Profepa, Semarnat y Conagua, respaldada en muestreos comunitarios de un año que detectaron coliformes en los pozos más próximos a la granja. Testimonios recogidos en la zona describen enfermedades gastrointestinales, reacciones alérgicas en la piel y cuadros respiratorios crónicos entre personas adultas mayores, además de la pérdida de colmenas por la proliferación de moscas asociada a los residuos avícolas. Dos cenotes con uso turístico se ubican a menos de 500 metros de las naves.
El conflicto derivó, además, en un capítulo de criminalización: entre el 2022 y el 2023 Bachoco denunció penalmente a tres habitantes de San Eduardo por presunto daño a la propiedad, después de que estos retiraran tubos de desagüe que la empresa había instalado sin autorización en sus terrenos y se opusieran al avance de alambrados dentro de sus patios. Esas causas judiciales, según la asesoría legal de la comunidad, permanecen abiertas.
El negocio que no para
Junto con Crío, Bachoco controla el 60% del mercado mexicano de comercialización de pollo y mantiene más de 90 granjas activas en 28 municipios yucatecos. La expansión conjunta de ambas firmas ocurre en un estado que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ubicó, en diciembre del 2025, como el segundo de mayor crecimiento nacional en producción de pollo (4.6%) y huevo (3.6%).
Para las comunidades mayas de Kinchil y Hunucmá, ese entramado de sanciones que no se cumplen y permisos que no aparecen se traduce en un mismo reclamo: que las clausuras y denuncias penales dejen de ser trámites reversibles y se conviertan, de una vez, en el cierre efectivo de las instalaciones que contaminan su aire, su agua y, en el caso de Tzemé, su propia memoria arqueológica.
