El Consejo Comunitario de Kinchil, encabezado por Federico May, denunció que la empresa Crío estaría arrojando grandes cantidades de estiércol de aves a cielo abierto en la zona Poniente del municipio, cerca de la antigua ciudad maya de Tzemé.
El caso también incluye señalamientos sobre la continuidad de trabajos pese a medidas de clausura previamente impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
De acuerdo con integrantes del consejo y de su líder, trabajadores relacionados con la empresa Crío estarían depositando excremento de aves en la zona, situación que, aseguraron, representa un riesgo para el medio ambiente y para los habitantes.
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Federico May, defensor de las tierras mayas, afirmó que la lucha de los habitantes ya no se limita a la lucha de los terrenos ejidales, sino que también incluye la protección del medio ambiente y de la salud de quienes viven en comunidades como Kinchil, Celestún, Hunucmá y Samahil.
Por su parte, habitantes comentaron que existe la preocupación por una posible afectación al manto freático debido a la acumulación y disposición de residuos pecuarios en la zona.
Consideraron necesario que las autoridades ambientales realicen inspecciones y determinen si existe contaminación de los cuerpos de agua y, en su caso, establezcan responsabilidades.
Durante un recorrido por los montes de la zona, los denunciantes también señalaron la construcción de una nueva nave, la cual, indicaron, se encuentra cerca de los terrenos donde han surgido los reclamos por la disposición de residuos.
Aseguraron que continuarán documentando las afectaciones y haciendo pública su inconformidad, al considerar que la defensa del territorio, del medio ambiente y de la salud de las comunidades debe mantenerse como una prioridad.
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Como se dio a conocer en su momento, en noviembre del 2025 autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron temporalmente actividades de ampliación de la granja avícola, luego de que la empresa derrumbara los basamentos del Kolotso, que son parte de las ruinas de Tzemé, además de afectar 13.7 hectáreas de selva baja caducifolia.
Posteriormente, el 9 de enero del 2025, la Profepa constató que la clausura no había sido respetada, ya que las labores de movimiento de tierra continuaban con retroexcavadoras y bulldozers pese a los sellos de seguridad impuestos.
En respuesta a esto, la autoridad procedió al aseguramiento precautorio de maquinaria, aunque en una visita posterior uno de los vehículos estaba sin sellos y reubicado, y la retroexcavadora había desaparecido.
Ante estos hallazgos, la Profepa amplió la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República el 13 de enero del 2026, con el objetivo de reforzar las acciones penales contra la empresa por el incumplimiento reiterado de la clausura y la manipulación indebida de bienes asegurados.
A esto se suma la reciente denuncia de que la empresa estaría arrojando excremento a cielo abierto.
