Seiscientos cuarenta y seis. Es el número de niñas, niños y adolescentes que la propia Fiscalía General del Estado (FGE) reportó como desaparecidos en Yucatán entre el 2019 y el 2025, casi uno cada tres días, en una entidad que las autoridades presentan de forma reiterada como ajena a este fenómeno. La cifra obliga a preguntar qué está fallando en la prevención, la búsqueda y la localización de menores en el estado.
De acuerdo con cifras federales de la Secretaría de Gobernación, Yucatán mantiene 370 personas en calidad de desaparecidas o no localizadas. La propia Fiscalía estatal ha reconocido que alrededor del 80 por ciento de esos casos corresponde a menores de edad, un dato que desplaza el centro del problema: no se trata sólo de una estadística de seguridad pública, sino de una crisis que golpea principalmente a la niñez y la adolescencia yucateca.
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Ocho meses de silencio
El caso de Azharia Tamryn Noble, una adolescente estadounidense de 15 años desaparecida en Ciudad Caucel, Mérida, desde agosto del 2025, ilustra el problema de fondo: su Alerta Amber no se formalizó sino hasta el 17 de abril del 2026, ocho meses después de que se le viera por última vez. Hasta ahora no existen explicaciones públicas sobre qué ocurrió durante ese lapso ni por qué la activación del protocolo tardó tanto.
No es un caso aislado. El de Matías Eliam Padilla, de 12 años, sustraído por su padre en febrero pasado, muestra el mismo patrón: la madre denunció el mismo día de los hechos, pero la Alerta Amber tardó en activarse. Algo similar documentan los registros de la Fiscalía en el caso de Ángel Martín Ruedas Huchín, visto por última vez el 18 de octubre de 2025, cuya ficha de búsqueda se activó apenas el 3 de febrero del 2026, cuando por fin se presentó la denuncia formal. El patrón se repite: los registros oficiales dependen de que exista una denuncia formalizada, lo que puede traducirse en semanas o meses de retraso antes de que arranque cualquier acción de búsqueda.
La Alerta Amber, cuando finalmente se activa, tiene una vigencia máxima de 72 horas antes de desactivarse por término, salvo que el menor sea localizado antes. En una sola semana de abril del 2026, Yucatán activó al menos cuatro alertas de este tipo: por Daffne Guadalupe Pech Dzib, de 12 años, desaparecida el 17 de abril en Motul; por Gema Naomy Tah Canul, de 17, reportada un día después en Tizimín, y por una niña de 13 años cuyo caso se difundió el 20 de abril. La concentración de casos en días consecutivos, dicen especialistas y colectivos, no es casualidad estadística sino reflejo de una curva de crecimiento sostenida que la propia Fiscalía documenta en sus registros internos
Albergues sin candado
Una de las aristas menos visibles del fenómeno ocurre dentro de las instituciones. El DIF Yucatán registró 616 ingresos de niñas, niños y adolescentes a centros de asistencia social entre el 2019 y el 2025, y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha confirmado la existencia de ausencias no autorizadas de menores resguardados en instituciones como Progreso Amigo C.A.C., Proyecto Amigo C.A.C. y el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede). Es decir, menores que el propio Estado tenía bajo su cuidado y que salieron de esos espacios sin que existan protocolos claros de seguimiento.
Detrás de estas fallas operativas hay un vacío institucional de fondo: Yucatán es uno de los 11 estados del país que no cuenta con una Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, pese a que un mandato federal obliga a su creación desde el 2020.
En junio del 2026 el Congreso del Estado reformó la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, pero a la fecha no hay evidencia pública de que esa reforma se haya traducido en una fiscalía operativa o en cambios de fondo en la forma en que se activan las fichas de búsqueda.
Colectivos como Madres Buscadoras de Yucatán han insistido en que el reclamo no es sólo legislativo: piden reconocimiento institucional de la magnitud del problema, coordinación real entre la Fiscalía, el DIF y los municipios, y un seguimiento efectivo de los casos, incluso después de que un menor es localizado con vida.
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Bajo escrutinio internacional
El contexto nacional no ayuda a pensar que se trata de un problema aislado. El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remitió la situación de México a la Asamblea General, un mecanismo que se activa por primera vez en la historia contra un país, al considerar que las desapariciones ocurren de manera generalizada y sistemática.
Yucatán ocupa el lugar 30 de 32 entidades por número de personas desaparecidas y no localizadas, un dato que las autoridades estatales repiten con frecuencia para subrayar que el estado es de los más seguros del país. Pero esa posición en el ranking nacional no dice nada sobre los ocho meses que tardó una alerta en activarse, ni sobre los menores que salen de un albergue sin que nadie los busque con la misma urgencia. La pregunta que persiste, mientras las familias esperan noticias, es si el aparato de búsqueda yucateco está diseñado para encontrar a tiempo o sólo para reaccionar cuando ya es demasiado tarde.
