Un grupo de extrabajadores que representan a más de 80 Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar en Yucatán ha denunciado públicamente abusos por parte del delegado estatal, Rogerio Castro.
Los afectados aseguran que, después de más de seis años de servicio en condiciones difíciles, fueron despedidos sin justificación, sin notificación formal y sin la liquidación correspondiente conforme a la ley.
En una rueda de prensa, los exempleados compartieron que durante su tiempo en la dependencia trabajaron en comunidades pobres, en largas jornadas laborales, condiciones climáticas extremas y sin días de descanso. A pesar de su compromiso, fueron dados de baja sin causa documentada. Además, acusaron al delegado de prácticas de nepotismo y de represalias contra los colaboradores de mayor antigüedad.
Cuestionado sobre estas denuncias durante su rueda de prensa semanal, Rogerio Castro negó los dichos de los exempleados y se comprometió a investigar las denuncias. No obstante, los inconformes, entre ellos Wilger Ravel, Jorge Collí y Benjamín Caamal, revelaron que fueron informados de la no renovación de su contrato el 28 de marzo, un proceso que normalmente se realiza entre el 30 y el 31 de marzo.
Los extrabajadores también afirmaron que se les asignaron calificaciones bajas a al menos 10 de sus compañeros con el objetivo de despedirlos. De acuerdo con su testimonio, cerca de 50 empleados han sido víctimas de malos tratos desde que Rogerio Castro asumió el cargo como delegado. “El proceso de evaluación debe ser transparente, pero a ellos simplemente les pusieron puntuaciones bajas”, señalaron.
Los afectados también recordaron que nunca tuvieron problemas con el delegado anterior, Joaquín Díaz Mena, actual gobernador del estado, lo que pone en duda la gestión actual bajo Castro.
Además, cuestionaron la correcta ejecución de los censos bajo el programa Salud Casa por Casa, señalando que muchas zonas se han repetido y que no se ha podido abarcar la mayoría de los municipios y comisarías. En su reporte, Rogerio Castro afirmó que a 117 mil 768 personas se les aplicó el censo, entre ellas 16 mil 142 con discapacidad y 101 mil 627 ancianos.
En cuanto a las quejas, Castro indicó que sus colaboradores pueden contactarlo directamente, y se limitó a decir: “Lo voy a checar”, pues dijo que iba a “caer en polémicas”. Además, destacó que las comunidades indígenas y afrodescendientes serán responsables de decidir el destino de 300 millones de pesos destinados a proyectos de infraestructura básica, salud y educación. Este recurso proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y será administrado directamente por las comunidades a través de asambleas públicas que se llevarán a cabo en las próximas semanas.
