Los oficios suscritos por Juan Sánchez Álvarez, secretario de Administración y Finanzas, fueron recibidos en el Congreso del Estado. En la sesión ordinaria de ayer, los diputados de la LXIV Legislatura se dieron por enterados de esos documentos, que contienen los informes referentes a la Cuenta Pública Estatal del ejercicio fiscal 2024.
De igual forma remitió el primer informe trimestral de las finanzas públicas correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2025. Todos se turnaron a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).
En la víspera, la Comisión Permanente de Vigilancia y Cuenta Pública aprobó el proyecto de dictamen de la Tercera Entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo, derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2023.
Noticia Destacada
Construcción privada vive en auge en Mérida; empresas se quedan sin personal calificado
Al respecto, la presidenta de la comisión, diputada María Esther Magadán Alonzo, resaltó que este ejercicio afianza la confianza ciudadana y compartió que se detectaron irregularidades en cinco municipios.
“Pasamos la tercera entrega y última que corresponde a 2023. Tuvimos a 70 municipios y 48 organismos descentralizados (del estado, fideicomisos y autónomos)”, explicó a POR ESTO!
Indicó que cinco municipios fueron más relevantes porque aparentemente tiene un daño patrimonial de más de 70 millones de pesos.
Detalló que Celestún aparece como la población con el mayor monto en observación, de 24.7 millones de pesos; seguido de Mocochá, con 16.8 millones. En el caso de Dzemul, fueron 14.4 millones; Espita, 8.2 millones; y Maxcanú, 7.7 millones. En todos los casos no se presentó documentación comprobatoria y expedientes de obras.
La diputada morenista recordó que se trató de un primer informe, resultado de las auditorias, y se realizará otro análisis con esas observaciones.
Noticia Destacada
“Nos amenazaron con machetes”: Vecinos de Sisal denuncian agresiones de presuntos trabajadores de inmobiliarias
Agregó que se les notificará a los órganos internos de control de cada población para contestar y subsanar y la ASEY ofrecerá un resultado. De reincidir en el incumplimiento, intervendrá el Tribunal de Justicia Administrativa.
María Esther Magadán valoró que la población ya se interesa más por la cuenta pública. “Esto ya existía, pero ahora la ciudadanía tiene esa exigencia y pide cuentas del dinero que se gasta”, señaló.
“Cuando se nombran los municipios con ese aparente daño (patrimonial) es cuando más se interesa la gente, porque se pregunta qué está pasando”, apuntó.
Por eso instó a dar más resultados, “no quedarnos en presentar cifras, sino proceder. Hay tiempos y formas”, dijo sobre su aporte y colaboración desde el Poder Legislativo.
También ayer se turnó a la Auditoría Superior del Estado el oficio enviado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, María Carolina Silvestre Canto Valdés, con el que remite el informe de gestión financiera consolidado por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.
Este oficio contiene los estados financieros los órganos que conforman el Poder Judicial, (Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios y el Consejo de la Judicatura) y el avance por trimestre de los indicadores de los programas operativos anuales autorizados para el Ejercicio 2024.
