La organización Kanan Derechos Humanos concluyó que durante la marcha del 8 de marzo en Mérida, realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer, se registraron acciones que podrían constituir vulneraciones al derecho a la protesta y a la libertad de expresión de las mujeres que participaron en la movilización.
De acuerdo con el informe de la misión de observación, entre los principales señalamientos destacan la colocación de vallas metálicas en monumentos y edificios públicos, el uso de drones y mecanismos de vigilancia durante la protesta, así como la inacción policial ante denuncias de intimidación contra manifestantes.
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El documento señala que la instalación previa de barreras metálicas alrededor de distintos monumentos podría interpretarse como una forma de “censura anticipada”, al impedir intervenciones en el espacio público que forman parte de las expresiones políticas de las manifestantes.
El reporte advierte que el monitoreo mediante drones y la presencia de personas presuntamente vinculadas a autoridades realizando labores de vigilancia podrían constituir prácticas que contribuyen a la criminalización de la protesta social.
Durante la movilización, algunas participantes también solicitaron apoyo a elementos de seguridad pública debido a situaciones de intimidación por parte de hombres presentes en la marcha; sin embargo, según la misión de observación, los agentes no intervinieron.
La protesta feminista comenzó alrededor de las 16:00 horas en el Parque de La Mejorada, punto de encuentro. Cerca de las 17:00 horas se organizaron los contingentes y, alrededor de las 17:40 horas, inició el recorrido por la calle 50, continuando hacia la 47 y avanzando por Paseo de Montejo hasta llegar al Monumento a la Patria, donde concluyó la marcha.
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Entre los grupos participantes se identificaron defensoras del territorio y campesinas, familias de víctimas de feminicidio, sobrevivientes de violencia, madres autónomas, niñeces, personas adultas mayores y con discapacidad, colectivas feministas, integrantes de la comunidad LGBT+, personas trans y trabajadoras sexuales, además de manifestantes que se desplazaban en bicicletas o patines.
Aunque no se realizó un conteo oficial, estimaciones citadas en el informe señalan que asistieron entre cinco mil y nueve mil personas.
El documento también registró la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y de las policías Estatal de Investigación (PEI) y de Municipal de Mérida.
Según la misión de observación, las labores de vigilancia comenzaron en las primeras horas del día, con cierres de calles y acordonamientos en las inmediaciones de Paseo de Montejo.
