La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mantiene operativos de inspección en granjas porcícolas y otros establecimientos que pudieran generar impactos ambientales en la entidad.
Las revisiones buscan verificar que las unidades de producción cumplan con las normas ambientales y sanitarias vigentes, especialmente en lo relacionado con el manejo de residuos, descargas de aguas residuales y condiciones de operación.
De acuerdo con la titular de la SDS, Neyra Silva Rosado, las inspecciones se realizan de manera aleatoria en los municipios del estado y pueden derivar en sanciones o clausuras cuando los propietarios se niegan a permitir las revisiones o se detectan irregularidades graves.
Un caso reciente ocurrió la semana pasada en Chocholá, donde una granja porcícola fue clausurada luego de que los responsables del lugar se negaron a permitir una revisión considerada de rutina por las autoridades ambientales.
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La funcionaria explicó que, en estos casos, la clausura puede mantenerse hasta que se realice una inspección completa que permita verificar las condiciones de funcionamiento del establecimiento.
Faltas recurrentes
Silva Rosado señaló que entre las irregularidades más frecuentes detectadas durante las inspecciones se encuentran la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales y el manejo inadecuado de desechos orgánicos, particularmente los excrementos de los animales.
Estas prácticas pueden provocar contaminación del suelo, malos olores y, en casos más graves, filtraciones hacia el manto acuífero, un recurso altamente vulnerable en Yucatán debido a su sistema kárstico de cenotes y corrientes subterráneas.
Además, las autoridades han detectado hacinamiento de animales, es decir, granjas que operan con más cabezas de ganado porcino de las permitidas, lo que puede representar también un problema de bienestar animal y de manejo sanitario.
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Clausuras recientes
En los últimos años, la industria porcícola ha estado bajo mayor vigilancia por parte de autoridades ambientales y comunidades afectadas.
Uno de los casos más relevantes ocurrió en abril de 2025, cuando la Profepa clausuró una megagranja porcícola en la comunidad de Santa María Chi, en Mérida, debido a que operaba sin contar con permiso para descargar aguas residuales.
Posteriormente, en septiembre de 2025, la misma instalación fue clausurada de forma total y definitiva, luego de que la empresa incumpliera varias medidas correctivas relacionadas con el manejo de sus descargas y residuos.
Entre octubre de 2024 y junio de 2025, la Profepa también impuso sanciones a 13 empresas porcícolas, con multas que superaron los 14 millones de pesos, tras detectar irregularidades como descargas ilegales, ausencia de plantas de tratamiento y concesiones de agua irregulares.
Actividad en supervisión
La titular de la SDS subrayó que las autoridades no buscan frenar la actividad porcícola en Yucatán, la cual representa una fuente importante de empleo en distintas regiones del estado: afirmó que la prioridad es evitar que las operaciones generen daños al medio ambiente o riesgos para la salud de las comunidades cercanas.
“Estamos trabajando para que cumplan con la normativa. No estamos en contra de la actividad como tal, sino que buscamos que tenga el menor impacto posible en el acuífero y en la salud de las personas”, explicó.
Añadió que las inspecciones continuarán en distintas zonas del estado y que las clausuras seguirán aplicándose cuando se detecten incumplimientos a la legislación ambiental.
