En varias comunidades de Yucatán, ser autoridad ya no garantiza salario. Cada vez más comisarias y comisarios electos están recurriendo a tribunales para exigir algo básico: que los alcaldes les paguen.
En el primer trimestre del 2026, al menos 10 autoridades auxiliares promovieron juicios ante el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) tras meses –en algunos casos– sin recibir sus ministraciones por parte de los titulares de los Ayuntamientos.
No es un hecho aislado. En un estado con 106 municipios y cientos de comisarías dispersas en comunidades mayas, el problema del pago a autoridades auxiliares ya no es aislado: empieza a extenderse como patrón.
El magistrado Arturo Sandoval Torres confirmó que los casos corresponden a Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JDC), una vía que, en los hechos, se ha convertido en el principal mecanismo para obligar a los Ayuntamientos a pagar.
Un patrón que se repite
El fenómeno no es nuevo en Yucatán, pero sí va en aumento. En años recientes se han documentado conflictos similares en municipios como Homún, Yaxcabá, Tekax y comunidades del Sur del estado, donde comisarios electos han denunciado retrasos, pagos parciales o la suspensión total de sus ministraciones.
La constante: autoridades auxiliares que, pese a ser electas por voto comunitario, deben litigar para recibir ingresos que, por ley, no deberían estar condicionados.
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“Cuando un comisario gana un caso, otros en la misma situación acuden al tribunal”, explicó el magistrado, al describir un efecto en cadena que está elevando la carga de asuntos.
Hasta ahora, el TEEY ha resuelto uno de estos juicios: el de la comisaria Roxana Cámara Avilés, de la comunidad de San Isidro Ochil, quien demandó al Ayuntamiento de Homún y obtuvo una sentencia favorable.
Sin embargo, el conflicto está lejos de cerrarse pues el alcalde está en desacato. Otros casos –incluidos los promovidos por autoridades auxiliares de Yaxcabá– siguen en proceso y podrían ampliar el precedente.
De acuerdo con el magistrado, los Ayuntamientos suelen justificar la falta de pago con argumentos administrativos: ausencia de comprobantes fiscales, recibos no firmados o trámites pendientes.
Pero el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán ha sido enfático: esas razones no son válidas para retener un salario. “Un trámite administrativo no puede ser condicionante para un derecho humano”, subrayó Sandoval Torres.
En términos jurídicos, el criterio es claro: al haber sido electos, los comisarios tienen protegidos sus derechos político-electorales, lo que incluye recibir la remuneración correspondiente a su encargo.
¿Qué pasa si no pagan?
El desacato a una sentencia no es menor. En caso de incumplimiento, el Tribunal puede iniciar un incidente de ejecución y aplicar medidas de apremio que van desde amonestaciones públicas y multas hasta, en escenarios extremos, el embargo de recursos municipales.
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Aunque los litigios giran en torno al pago, especialistas advierten que el fondo del problema es más complejo: la relación de poder entre cabeceras municipales y comisarías.
En varios casos documentados en Yucatán, la retención de recursos ha sido señalada como una forma de presión política o de control territorial, especialmente en comunidades donde los comisarios mantienen posturas independientes o críticas.
Así, lo que inicia como un conflicto administrativo termina escalando a tribunales electorales, donde se redefine el alcance real de la autonomía comunitaria.
Con más casos en puerta y precedentes favorables, el recurso del JDC se está consolidando como herramienta para que comisarios hagan valer sus derechos.
