Yucatán presume cifras que muchos estados del país envidiarían: una tasa de desempleo de apenas 1.4 por ciento al cierre del primer trimestre del 2026, lo que equivale a decir que prácticamente todo el que quiere trabajar, trabaja. Sin embargo, detrás de ese número reluciente se esconde una realidad que los analistas económicos califican como alarmante: tener empleo en la entidad no garantiza salir de la pobreza.
Isaías Marrufo Góngora, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Yucatán, presentó los indicadores económicos estatales del primer trimestre del 2026 y dibujó un panorama de contrastes profundos. “La buena noticia fue que se empleó, pero la mala noticia es que sea informal. Ahí el reto como sociedad y como gobierno es brindar las bases para incentivar que esa informalidad se mueva hacia la economía formal”, señaló el directivo.
El dato que más inquieta: el 25.6 por ciento de los yucatecos –es decir, más de uno de cada cuatro‒ vive en pobreza laboral. En términos concretos, esto significa que sus ingresos no alcanzan para adquirir la canasta básica alimentaria con lo que ganan. El corte de ese indicador corresponde al 27 de febrero del 2026.
Sin prestaciones, el problema que avanza
Si el desempleo no es el problema, ¿cuál es? Los expertos apuntan al tipo de empleo que se está generando. En Yucatán, el empleo informal registró un crecimiento de 4.6 por ciento al cierre de diciembre del 2025, el dato más reciente disponible. Esa cifra contrasta de manera notable con el promedio nacional, donde la informalidad apenas se movió 0.10 por ciento en el mismo período.
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En términos de variación porcentual anual, la informalidad en el estado creció 0.9 por ciento, nueve veces por encima del ritmo nacional. Esto coloca a Yucatán entre los estados con mayor expansión de su economía informal, una tendencia que el Inegi ya había documentado meses atrás: en el segundo trimestre del 2025, la entidad fue la única de la Península de Yucatán en registrar un incremento en el Valor Agregado Bruto de la economía informal, con una variación anual de 2.3 por ciento.
Según datos acumulados, seis de cada diez personas de la población económicamente activa en Yucatán laboran fuera de la formalidad, lo que ubica al estado en el lugar 13 entre las entidades con mayor informalidad laboral del país. La brecha entre hombres y mujeres también es pronunciada: Yucatán figura entre los cinco estados con mayor diferencia por sexo en este rubro, con 7.1 puntos porcentuales de separación.
“El empleo informal no tiene seguridad social, no tiene acceso a crédito, no tiene pensión. Estamos generando trabajo, pero un trabajo precario”, advirtió Marrufo Góngora, quien insistió en que el modelo de crecimiento económico del estado debe reorientarse para privilegiar la calidad sobre la cantidad en la generación de plazas laborales.
Trabajar sin alcanzar la canasta básica
La pobreza laboral –indicador que mide cuántos trabajadores no ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica‒ es quizás el dato más elocuente de la paradoja yucateca. Con un 25.6 por ciento, la entidad muestra una ligera mejora respecto al 25.9 por ciento registrado en septiembre del 2025, pero la comparación con otras entidades revela cuánto camino falta por recorrer.
Querétaro, considerado uno de los motores del desarrollo industrial del centro del país, registra una pobreza laboral de apenas 13 por ciento. Eso significa que los trabajadores queretanos tienen el doble de probabilidades de que su salario les alcance para alimentar a sus familias, en comparación con los yucatecos. La brecha es de casi 13 puntos porcentuales, un abismo que refleja diferencias estructurales en los sectores productivos, los niveles salariales y la calidad del empleo formal en cada estado.
A nivel nacional, la pobreza laboral cerró el cuarto trimestre del 2025 en 32.3 por ciento, su mínimo histórico según datos del Coneval y del Inegi. Yucatán, con 25.6 por ciento, se sitúa por debajo del promedio nacional, lo que en una primera lectura parece positivo. Sin embargo, los especialistas del IMEF advierten que ese resultado no es suficiente cuando casi dos millones de yucatecos viven en condiciones de precariedad económica a pesar de tener un empleo.
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Inflación contenida, pero con señales de alerta
En el frente de los precios, Mérida registró una inflación anualizada de 4.31 por ciento en abril del 2026, ligeramente por debajo de la media nacional de 4.45 por ciento. En términos mensuales, la capital yucateca incluso reportó una variación negativa de 0.58 por ciento durante abril, impulsada principalmente por la reducción de 14 por ciento en las tarifas eléctricas derivada del programa de temporada cálida que entró en vigor en la ciudad ese mes, según reportó el Inegi.
No obstante, la tendencia de los últimos meses genera cautela entre los analistas. En febrero del 2026 la inflación anual en Mérida fue de 4.05 por ciento; en marzo subió a 4.25 por ciento; y en abril cerró en 4.31 por ciento. La trayectoria es ascendente, y el IMEF alerta que la presión sobre los precios podría intensificarse en los próximos meses si no se consolida la estabilidad en los mercados de bienes y servicios básicos.
“La inflación está controlada, pero el vector es hacia arriba. Eso hay que vigilarlo, especialmente en alimentos y servicios donde el consumidor de menores ingresos siente el impacto de forma más directa”, explicó Marrufo Góngora.
El reto estructural: formalizar para competir
El presidente del IMEF Yucatán enmarcó todos estos indicadores dentro de un diagnóstico más amplio: el estado enfrenta señales de desaceleración económica, aumento sostenido de la informalidad y un rezago educativo que afecta directamente su competitividad de largo plazo. El sector de la construcción, indicador adelantado de la actividad económica, ya había dado señales de deterioro a finales del 2025, cuando registró una contracción de 26.9 por ciento, muy por encima del promedio nacional de 15 por ciento en ese rubro.
Para los especialistas, el nudo central del problema yucateco es estructural: una economía que genera trabajo pero no riqueza distribuida. El turismo aporta divisas, el comercio crece, la tasa de desocupación es envidiable –el 1.4 por ciento de Yucatán contrasta con el 2.5 por ciento nacional‒ pero ninguno de esos indicadores se traduce en mejoras sustanciales en el nivel de vida de las familias trabajadoras.
Las recomendaciones del IMEF apuntan a tres frentes: incentivar la formalización mediante esquemas fiscales más accesibles para microempresas, invertir en educación técnica y vocacional que empareje las habilidades de la fuerza laboral con las necesidades del sector productivo formal, y fortalecer los mecanismos de vigilancia para que el incremento del salario mínimo –registrado en los últimos años‒ se convierta en poder adquisitivo real para todos los trabajadores, no solo para quienes ya cuentan con un contrato formal.
