Habitantes de la comisaría de Santa María Chi enfrentarán un nuevo frente en su prolongada disputa con la ex granja porcícola que operó durante décadas en la comunidad. Ahora, la preocupación se centra en las antiguas pilas de oxidación, que permanecen llenas de agua y, según los vecinos, se han convertido en criaderos de mosquitos que mantienen a la población en alerta por el riesgo de dengue.
El comisario municipal, Wilberth Alfonso Nahuat Puc, informó que la comunidad convocará a una asamblea para solicitar formalmente la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y exigir la eliminación de las lagunas que permanecen en el predio de la ex granja de cerdos.
De acuerdo con el representante de la comisaría, hace unos días se realizaron sobrevuelos con un dron que permitieron documentar que las pilas se encuentran inundadas. Aseguró que de estos cuerpos de agua brotan grandes cantidades de mosquitos que invaden la población, al grado de que muchas familias han optado por permanecer dentro de sus viviendas para evitar las picaduras. “Antes era el olor insoportable; ahora, los moscos”, dijo el comisario.
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Planta de tratamiento
La granja porcícola operó durante cerca de cuatro décadas en las inmediaciones de Santa María Chi y llegó a contar con alrededor de 70 naves de producción. Los habitantes sostienen que el crecimiento de la empresa derivó en afectaciones ambientales que durante años motivaron protestas y denuncias ante las autoridades.
Entre las peticiones que presentarán ante la Profepa también se encuentra la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, ante la preocupación por la contaminación generada durante el funcionamiento de la granja.
Los vecinos afirman que cada vez que se registran lluvias las antiguas pilas de oxidación se desbordan, generando condiciones propicias para la proliferación de mosquitos. La inquietud cobra relevancia en un contexto en el que el dengue continúa representando un problema de salud pública en la Península de Yucatán.
Celebran victoria judicial
La nueva exigencia de la comunidad se produce apenas unos días después de que concluyera el proceso judicial que enfrentaba el propio Nahuat Puc. El comisario explicó que la audiencia más reciente se prolongó por casi seis horas y que, al no acreditarse los señalamientos en su contra, la jueza emitió un fallo favorable.
Edier Aké Puc, vecino de Santa María Chi, relató que las horas de audiencia estuvieron marcadas por la incertidumbre.
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“Pensamos que el poder económico de los empresarios podría influir en el proceso, pero las autoridades actuaron con imparcialidad y la parte demandante no pudo demostrar las acusaciones”, expresó.
Los habitantes rechazaron además las versiones que los señalaban de haber participado en protestas armadas. Aseguraron que las manifestaciones realizadas en la comunidad siempre fueron pacíficas y que su inconformidad se centró en impedir el paso de los camiones que transportaban cerdos y que, según denunciaron, derramaban líquidos pestilentes al cruzar por el poblado y frente a la escuela primaria.
Juan May May, quien trabajó durante más de 30 años en la granja, reconoció que la empresa generó empleos para la región, pero afirmó que con el crecimiento de las operaciones nunca se implementaron medidas suficientes para reducir la contaminación ambiental y del subsuelo.
Por su parte, Pedro Rivas recordó que fueron casi tres años de lucha social para evidenciar las afectaciones que, según los vecinos, ocasionó la granja.
“Era insoportable la pestilencia. El agua de los pozos estaba muy contaminada y despedía un fuerte olor a amoniaco”, sostuvo.
Nahuat Puc recordó que el proceso de criminalización en su contra se inició en octubre de 2025 y concluyó recientemente con un fallo judicial que negó el ejercicio de la acción penal en relación con las protestas derivadas de las quemas ocurridas en 2023 en la granja porcícola Kekén de Santa María Chi.
Para la comunidad, la resolución judicial representa el reconocimiento de su derecho a la protesta pacífica y a la libre asociación, mientras que la exigencia ahora se concentra en que las autoridades ambientales intervengan para eliminar los remanentes de la antigua granja y evitar que, tras años de denunciar malos olores y contaminación, enfrenten ahora una nueva amenaza sanitaria provocada por la proliferación de mosquitos.
