Más de mil 300 familias de las colonias La Guadalupana y Plan de Ayala Sur permanecen en la incertidumbre jurídica al no poder obtener los títulos de propiedad de las viviendas que habitan desde hace años. Ante la falta de avances, colonos e integrantes del Ejido San Antonio Xluch y Nocó solicitaron la intervención de las autoridades federales y denunciaron presuntas irregularidades y retrasos en el proceso de regularización de las tierras.
Durante una rueda de prensa, los afectados señalaron que desde hace más de un año buscan incorporarse al Programa para la Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH), una estrategia impulsada por el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), sin que hasta ahora se hayan concretado los trámites que les permitan acceder a la certeza jurídica de sus predios.
Mario Perera Narváez, tesorero del Ejido San Antonio Xluch y Nocó, expresó su inconformidad por la falta de resultados y afirmó que la comunidad ha mantenido una postura de diálogo, aunque la paciencia comienza a agotarse.
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“Hemos sido pacíficos y condescendientes porque estamos utilizando las palabras para expresarnos, pero ya tenemos un año con estas gestiones y no vemos un avance significativo por parte del delegado”, manifestó.
De uso común
Los vecinos explicaron que ambas colonias se encuentran asentadas sobre aproximadamente 74 hectáreas de tierras de uso común pertenecientes al ejido. Por ello, la regularización es considerada indispensable para que las familias puedan contar con documentos que acrediten legalmente la posesión de sus viviendas y tengan acceso a mayores condiciones de seguridad patrimonial.
Los colonos recordaron que ésta no es la primera vez que intentan regularizar la zona. Anteriormente participaron en un proceso que no prosperó, luego de que un exfuncionario de la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), hoy Insus, identificado como Rafael Chan, les ofreciera asesoría particular para convertir las parcelas en solares urbanos.
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Gestiones estancadas
Según relataron, el proyecto fracasó debido a errores técnicos y jurídicos, pese a que ejidatarios y habitantes realizaron pagos que en conjunto ascendieron a casi seis millones de pesos.
Tras ese antecedente, decidieron retomar las gestiones directamente con el Insus. Como parte del procedimiento, en mayo del 2025 se realizó una asamblea ejidal en la que se autorizó formalmente continuar con el proceso de regularización.
Sin embargo, de acuerdo con Perera Narváez, la dependencia federal todavía no ha realizado las mediciones topográficas ni los trabajos técnicos requeridos para avanzar hacia la expropiación de la superficie y posteriormente emitir los títulos de propiedad.
Los habitantes también señalaron al jefe regional del Insus, Julio Alfonso Ortegón Espadas, por no proporcionar información clara sobre el estado que guarda el expediente y por atribuir los retrasos a supuestas observaciones realizadas por el Ayuntamiento de Mérida.
No obstante, afirmaron que solicitaron información a la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio y recibieron un oficio en el que se confirma que el dictamen correspondiente continúa vigente y no existe impedimento para dar continuidad al procedimiento de regularización.
Ante este panorama, los habitantes demandaron que el Insus inicie de inmediato los trabajos técnicos pendientes, entregue documentación que permita conocer el avance real del expediente y aclare las acciones emprendidas respecto de las presuntas irregularidades registradas durante el proceso anterior.
