Integrantes del Colectivo Ley Sabina Yucatán se manifestaron este viernes en las instalaciones del Poder Judicial del Estado para exigir un mayor acercamiento con jueces y autoridades judiciales, así como avances concretos en la atención de casos relacionados con violencia vicaria, incumplimiento de pensiones alimenticias y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Las manifestantes denunciaron que, a más de tres meses de una reunión con representantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no habían recibido información sobre compromisos ni sobre acciones derivadas de denuncias presentadas por madres de familia.
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Cuelgan tendedero
Como parte de la protesta, las integrantes instalaron un tendedero de deudores alimentarios en la sede del Poder Judicial para exhibir casos de padres que se han negado a cumplir con el pago de pensión alimenticia.
La representante de Ley Sabina Yucatán, Siloé Fuentes, afirmó que desde marzo el colectivo permanece a la espera de un nuevo encuentro con autoridades judiciales. “Nos dijeron que quedábamos pendientes de una nueva fecha para otra reunión y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta”, expresó.
La activista sostuvo que perciben una falta de atención efectiva y acusó simulación institucional en torno a las demandas. Señaló además que no han sido informadas sobre investigaciones o procedimientos administrativos contra servidores públicos y juzgadores señalados.
Botón de muestra
Durante la manifestación se expuso el caso de Karla Georgina Rodríguez Torres, quien aseguró haber sido señalada de estar involucrada en la desaparición de sus dos hijas, pese a contar con la custodia total.
Según relató, se emitieron dos Alertas Amber a petición de su expareja, a quien acusó de ejercer violencia y de incumplir con la pensión alimenticia. “A mí el 25 de abril me levantaron dos Alertas Amber, a pesar de ser la custodio de las niñas, a pesar de que soy la responsable económica de mis hijas. Lo único que pido es lo justo para mis hijas”, manifestó.
Rodríguez Torres indicó que la autoridad judicial determinó el pago de una pensión alimenticia de seis mil 319 pesos. Reconoció el trabajo del Poder Judicial, pero afirmó que en la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública se ha sentido revictimizada.
Las integrantes señalaron que, aun con expedientes judicializados, estos no avanzan con la celeridad esperada, afectando directamente a las infancias al limitar su desarrollo y bienestar.
Acuerdan calendario
Tras la protesta, Jorge Carlos Alamilla Mena, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, atendió a las manifestantes y acordó establecer un calendario de atención para revisar los casos expuestos.
Las autoridades judiciales se comprometieron a dar seguimiento puntual a los expedientes y mantener canales de comunicación permanentes con las madres y representantes del movimiento.
Las integrantes de Ley Sabina Yucatán hicieron un llamado para que el diálogo se traduzca en acciones concretas y en una atención eficaz, señalando que la protección de las infancias y el acceso a la justicia siguen siendo temas pendientes para numerosas familias en la entidad.
