El territorio volverá a las calles de Mérida. Habitantes de varios municipios convocaron a una marcha el próximo 9 de agosto, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para denunciar lo que consideran violaciones a sus derechos colectivos, el avance de proyectos inmobiliarios y las afectaciones derivadas de megaproyectos y actividades productivas en sus comunidades.
La movilización iniciará a las 10:00 horas en el Remate de Paseo de Montejo y concluirá en la Plaza Grande, donde los participantes prevén realizar un pronunciamiento público sobre los conflictos que enfrentan en varios puntos del Estado.
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Wilberth Náhuat, representante de la comunidad de Santa María Chi, explicó que el llamado está dirigido a pueblos originarios, colectivos y organizaciones que enfrentan procesos legales, conflictos por la tenencia de la tierra o consideran vulnerados sus derechos. Señaló que en su comunidad persisten denuncias por la criminalización de habitantes que llevan años enfrentando procedimientos judiciales derivados de la defensa de su territorio.
Sisal, bajo asedio
Desde Sisal, representantes comunitarios advirtieron que aprovecharán la movilización para denunciar el crecimiento de desarrollos inmobiliarios que, aseguran, presionan el territorio de la comisaría y desplazan a la población local. “Las inmobiliarias avanzan mientras las comunidades enfrentan procesos legales por defender el medio ambiente”, dijeron durante la convocatoria.
Federico May, del Consejo Comunitario de Kinchil, indicó que la marcha también busca visibilizar conflictos por presuntos despojos de tierras, la instalación de granjas porcícolas y otros proyectos que han generado disputas en diversos municipios.
Los organizadores esperan la participación de habitantes de comunidades donde existen conflictos relacionados con cenotes, reservas naturales, tierras ejidales y proyectos de desarrollo, para presentar un frente común en defensa de sus derechos.
La movilización ocurre en un momento en que diversas comunidades mayas mantienen litigios y protestas por conflictos territoriales en Yucatán. En los últimos años han promovido amparos contra granjas porcícolas por presuntas afectaciones al agua y al medio ambiente, además de manifestarse por proyectos inmobiliarios en la costa, la protección de cenotes y la defensa de tierras ejidales.
Paralelamente, los gobiernos federal y estatal desarrollan consultas para integrar la futura Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, proceso que contempla asambleas en municipios como Izamal, Maxcanú y Valladolid.
