Mientras los cortes de energía continúan afectando a colonias de Mérida, municipios del interior del estado y comunidades costeras, dos proyectos estratégicos para fortalecer la transmisión eléctrica en la Península de Yucatán permanecieron rezagados durante años, pese a que contaban con una inversión autorizada superior a los 2 mil 293 millones de pesos desde 2018.
Documentos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y registros del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) muestran que las obras se aprobaron hace ocho años como parte de un programa nacional para reforzar la Red Nacional de Transmisión; sin embargo, los trabajos se retrasaron y uno de ellos continúa sin concluir.
La falta de infraestructura cobra relevancia porque Yucatán enfrenta desde hace varios veranos interrupciones constantes en el suministro eléctrico, especialmente durante los periodos de mayor demanda por las altas temperaturas. Comercios, industrias y miles de hogares han reportado pérdidas económicas y afectaciones por los llamados apagones, situación que autoridades estatales han atribuido, entre otros factores, al rezago de las líneas de transmisión.
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Planes detenidos
En abril de 2018, el Consejo de Administración de la CFE autorizó 24 proyectos de transmisión eléctrica financiados mediante el esquema Fibra E. Dos de ellos beneficiarían directamente a la Península de Yucatán.
El primero consistía en la ampliación del corredor Puebla-Temascal-Coatzacoalcos-Grijalva-Tabasco, considerado estratégico para fortalecer el suministro hacia el Sureste. La inversión autorizada fue de mil 571 millones de pesos y la obra debía concluir en abril del 2020; sin embargo, el Cenace la mantiene “en proceso de decisión”, con una fecha estimada de operación hasta agosto de 2027.
El segundo proyecto correspondió a la subestación Chichí Suárez Banco 1, en Mérida, con una inversión de 722 millones de pesos. Aunque estaba programada para entrar en servicio en marzo de 2020, comenzó a operar hasta julio de 2025, más de cinco años después del calendario original.
Dinero inmovilizado
Las auditorías 500-DE, 429-DE y 467-DE de la ASF documentan que los recursos permanecieron sin ejercerse durante varios años.
Los informes señalan que, en 2019, la Dirección Corporativa de Finanzas de la CFE dijo que la nueva administración federal revisaría la prioridad de proyectos antes de autorizar liberar los recursos.
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Al cierre de 2020, el dinero continuaba inmovilizado. Durante ese período generó 703.9 millones de pesos en rendimientos financieros; sin embargo, la empresa productiva del Estado pagó 2 mil 477 millones de pesos en dividendos a inversionistas del esquema Fibra E, lo que la propia ASF calificó como un efecto financiero desfavorable por mil 773 millones.
Red envejecida
El pasado 22 de julio, el gobernador Joaquín Díaz Mena reconoció que entre los problemas del sistema eléctrico en Yucatán ya no está la generación de energía, sino la antigüedad de las líneas de transmisión y distribución.
El mandatario señaló que, aunque la capacidad para producir electricidad ha aumentado en los últimos años con nuevas centrales de generación, la infraestructura para transportarla requiere modernización para disminuir las fallas durante el mayor consumo.
Los documentos oficiales revisados muestran que parte de esa modernización fue autorizada desde 2018, pero los proyectos acumularon retrasos de entre cinco y siete años, mientras los apagones afectan a miles de usuarios.
