El número de personas afectadas por un presunto fraude en la compraventa de vehículos aumentó a tres, luego de que se diera a conocer el caso de Sara Tamayo Y., vecina de Motul, quien fue engañada por un individuo identificado como Luis Enrique García Hernández.
Según datos obtenidos, el sujeto, que actúa bajo nombres falsos, alega que las llaves de los vehículos le fueron entregadas voluntariamente, lo que dificulta que las autoridades cataloguen los hechos como robo.
Anteriormente, Tamayo Y. intentó vender una camioneta Renault Duster con placas YZW-455-D de Yucatán. El comprador, de aspecto foráneo, mostró interés en la unidad y acordó regresar al día siguiente para concretar el pago.
Sin embargo, al momento de cerrar la operación, el individuo indicó que haría una transferencia bancaria mediante cheque, lo cual fue aceptado por la vendedora. Empero, al consultar con el banco le informaron que por tratarse de un documento de chequera, el proceso de validación tomaría al menos 24 horas.
Confiada, y al tratarse de un día inhábil, la afectada entregó la camioneta. Posteriormente, al revisar su aplicación bancaria, descubrió que el cheque fue cancelado. La mujer aún conserva la factura del vehículo y el endoso correspondiente.
Este caso de Sara no es el único, pues el fin de semana se sumaron dos víctimas más: K.T., originaria de Kaxatah, quien en diciembre pasado fue defraudada bajo el mismo “modus operandi” al vender una camioneta marca Ford línea Ranger.
Cuando acudió al banco se encontró con que el cheque también fue cancelado. Acudió a la Agencia 24 de la Fiscalía General del Estado fue atendida por una funcionaria identificada como Sandra Pech, quien le indicó que no había delito que perseguir, porque las llaves fueron entregadas voluntariamente.
Un tercer caso de este tipo se registró en Cacalchén, donde el mismo individuo logró hacerse de otro automóvil utilizando la misma estrategia. En esa ocasión, los afectados recibieron amenazas de muerte para que desistieran de presentar una denuncia, pues los estafadores ya contaban con su dirección.
Según afirma Sara Tamayo ha solicitado la intervención del comandante Luis Felipe Saiden Ojeda y del Gobierno del Estado, denunció que los implicados operan con la utilización de nombres falsos y licencias apócrifas del Estado de México.
Además, alertó que aprovechan vacíos legales para apropiarse de vehículos sin pagar por ellos y luego revenderlos, en muchos casos con placas de otras entidades. Pide a las autoridades estatales que tomen cartas en el asunto y se cierre el cerco legal ante este tipo de delitos que vulneran la seguridad y el patrimonio de los yucatecos.
